La gerente Jéssica Cifuentes, explicó que la Cooperativa tiene 44 años de trayectoria, asimismo, que cuentan con el aval del Ministerio de Transporte para trasladar carga y personas entre veredas. Además, comentó que en medio de la pandemia los conductores hicieron un gran esfuerzo para comprar las pólizas y seguros que exige la ley.

Cifuentes recordó que en medio de la pandemia se redujo el número de líneas o rutas durante el primer semestre, a lo que se sumó la obligación de adquirir unas pólizas que tuvieron que ser pagadas a plazos.

“A comienzos de julio nos reunimos con el Alcalde (Diego Guerra), ahí se acordó que nos iban a ampliar un poco la cobertura y que íbamos poder llegar a laborar de manera normal, bajo protocolos de bioseguridad y cinco pasajeros”.

Otro de los cambios fue pasar las oficinas de Cootransrotol que estaban por la carrera Quinta al centro de acopio de Rovira, de acuerdo con el ordenamiento territorial, traslado que fue aprovechado por los particulares y los mototaxistas para acaparar a los usuarios.

Para verificar lo que sucedía, la Cooperativa adelantó unos controles “particularmente un día sábado, nos dimos a la tarea entre las 7 y 10 de la mañana, nosotros despachamos cuatro vehículos a La Luisa y contamos 15 mototaxis llenos y nueve particulares, entonces estamos hablando de una cantidad abismal y mis muchachos vacíos”.

A pesar de los reclamos, intentos de diálogos para expresarle a la Alcaldía el daño económico que está causando el transporte informal a la empresa, hasta el momento no habría sido posible. “Nos están como sometiendo a vernos obligados a cerrar y esa no es la intención”, comentó la Gerente.

De otra parte, agregó que el 20 de noviembre la Superintendencia de Transporte y Puertos expidió una circular en la que se indica que son los mandatarios locales, los encargados de hacer cumplir las normas relacionadas con el transporte público, llamado que al parecer no se está acatando en Rovira.

Además de preocupar la estabilidad económica, Cifuentes llamó la atención en el riesgo que genera el transporte informal pues dichos vehículos generalmente no cuentan con los seguros, pólizas y permisos, para ejercer esta actividad “la ilegalidad es sinónimo de siniestralidad y siniestralidad es sinónimo de muerte. Nosotros tenemos todo lo de ley Soat, tecnomecánica, licencia del vehículo, mantenimiento bimensual y póliza de responsabilidad civil contractual y extracontractual”.

Teniendo en cuenta la época económica tan difícil que está cruzando el país, según Cifuentes, el Alcalde llegó a un acuerdo con los particulares y mototaxistas para que trabajaran en el casco urbano, pero realmente están llegando hasta las veredas cobrando el pasaje a mitad de precio, actividad que en la práctica no es prohibida, pero sí genera riesgos.

“Nosotros no queremos más reuniones, sino resultados, un control real frente a la situación de ilegalidad en el municipio”, concluyó la gerente de Cootransrotol.

EL NUEVO DÍA buscó vía telefónica al mandatario Diego Guerra para hablar sobre este tema, pero no fue posible tener una respuesta.