Esta investigación tenía que ver con un contrato de $1.020.000 en medio del inicio de la emergencia sanitaria y se buscaba establecer los posibles delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin el cumplimiento de requisitos y peculado por apropiación a favor de terceros.

Sin embargo, en el auto de archivo se indica que no hay elementos materiales suficientes para continuar con la investigación del contrato “Plan de Comunicación-Emergencia COVID-19-2020” y que buscaba ejecutar una estrategia de comunicación a nivel departamental sobre la emergencia sanitaria en medios de comunicación impresos, radiales, digitales y televisivos.

En su momento Orozco adjudicó este contrato de manera directa, lo cual provocó una investigación de la Contraloría, la cual a su vez remitió pruebas a la Fiscalía.

El ente acusador determinó que, por la contingencia social de ese momento, el Gobernador estaba facultado para realizar este tipo de contratación.

No obstante el archivo, la Fiscalía afirmó que en caso de que se presenten nuevos elementos materiales probatorios que den cuenta de la participación de Orozco en hechos irregulares, la investigación será reabierta.