La Contraloría del Tolima lo encontró responsable, junto con Leidy Rubio Aguirre, entonces secretaria General de la Alcaldía, de presuntas irregularidades en un contrato de arrendamiento suscrito con la Fundación Industrial Pecuaria.

El arrendatario no habría pagado los gravámenes de ley, por lo que se habría constituido un detrimento patrimonial, según pudo indagar el ente, el cual a su vez remitió documentos a la Procuraduría para que también realice su investigación.

Así las cosas, los disciplinados deberán consignar la suma de $22.590.210 a una cuenta definida por el mismo organismo de control.