La Contraloría Departamental profirió fallo de responsabilidad fiscal por $14.663.494 contra el exalcalde y el exsecretario de Hacienda de Villarrica, así como al exmandatario de Mariquita, a su secretaria general y una fundación y les ordena devolver $22.590.210.

Para el caso del oriente del Tolima, la Contraloría indicó que este se debe a un contrato que no contó con los soportes técnicos para su cobro, además de una presunta suplantación de la firma del contratista, quien no conoce el municipio y que tampoco celebró ningún contrato.

El negocio en cuestión, fue el 002 del 8 de abril de 2016 suscrito con la Fundación Ecológica Revolucionaria por la Biodiversidad y el Incremento de la Biomasa Ferbinbi, con el cual se cumplieron actividades para la celebración del Día de los Niños y pagaron sin los respectivos documentos técnicos.

De esta manera, la entidad halló responsables fiscales en cuantía de $14.663.494 al exalcalde para de Villarrica para el periodo 2016 - 2019, Arley Beltrán Díaz y al exsecretario Alfonso Ramírez Peña, con ocasión al daño patrimonial generado.

La Contraloría también declaró como responsable a la compañía Suramericana S.A. con la póliza de seguros multiriesgos empresarial por un valor asegurable de $20 millones, póliza adquirida para amparar los fraudes básicos de los empleados.

Contra la providencia procede únicamente el recurso de reposición, por ser un proceso de única instancia.

En el norte

En cuanto a los señalados en Mariquita, la Contraloría informó que Álvaro Bohórquez Osma y Leidy Diana Rubio Aguirre, alcalde y secretaria general durante 2014, deberán consignar el valor del daño patrimonial, por no cobrar las estampillas procultura y bienestar del adulto mayor.

“Luego de atender una denuncia ciudadana, la Contraloría Departamental del Tolima pudo establecer que para el 2014 la Alcaldía, mediante contrato 026 dio en arrendamiento a la Fundación Industrial Pecuaria de Mariquita el bien fiscal donde funcionaba la planta de beneficio animal ubicada en la plaza de ferias.

“Sin embargo, dentro del proceso de verificación de los requisitos se encontró que el arrendatario no canceló los gravámenes de ley, lo cual constituye daño al patrimonio”, informó la Contraloría.

El organismo de control, mediante el fallo a los responsables fiscales, indicó que estos deberán consignar el valor de dicho daño patrimonial a una cuenta bancaria que disponga el municipio y remitir copia de la consignación al ente de control.

Finalmente se anunció que como tercer implicado esta la aseguradora Mapfre, declarada como tercera civilmente responsable.