Según José Asmet Ospina, presidente de dicha organización sindical, contó que en este caso se dieron por terminados contratos el 31 de diciembre de 2020, a pesar de que existía una convención colectiva mediante la cual se pactó una estabilidad reforzada, acuerdo que si no es denunciado ante el Ministerio del Trabajo, se prorroga automáticamente cada seis meses.

“El Alcalde (Medardo Ortega) se ha equivocado al despedir a los trabajadores con esa estabilidad reforzada, por otra parte los ha reemplazado a todos, es decir, que la necesidad persistía por lo tanto, no había una justa causa para despedirlos”, dijo Ospina.

Otro de los aspectos que expone Sunet es que a los afectados se les entregó nuevos contratos, pero al parecer se cambiaron las funciones laborales de forma “sustancial”, hecho que no es compartido por el sindicato.

¿Conflictos políticos?

Además de ello, el sindicalista expresó que es preocupante que el mandatario declaró a través de una emisora y de forma presencial que “los trabajadores no votaron por él y son contrarios políticamente, es decir, una persecución política”.

A lo que hace referencia Ospina, es que el mandatario Medardo Ortega dijo en una entrevista radial hace varios días, que cuando llegaron en 2020 a la Administración municipal, se dio cuenta que faltando ocho días para terminarse el 2019 se creó el sindicato en la Empresa de Servicios Públicos.

“Nosotros le respetamos un año a estos trabajadores el tema de la convención, porque había contrato solamente de tres meses y nosotros le respetamos hasta el 31 de diciembre de 2020”.

Seguidamente, el Alcalde comentó que era difícil “trabajar con personas cuando no estuvieron en la campaña, personas contrarias”, a lo que se le sumaría temas de fraude y que no mostraban eficiencia al momento de responder Peticiones, Quejas y Reclamos.

A lo que el representante de Sunet respondió que si se tenía evidencias de fraudes que estaban afectando la empresa debió denunciarlo de inmediato, “vamos a mirar y a poner a nuestro equipo jurídico, porque en esas condiciones nos tocaría instaurar las denuncias penales en contra del Alcalde, además de la denuncia disciplinaria y ante la Contraloría, para que se determine un presunto detrimento patrimonial por las causas que el Alcalde ha denunciado”.

Igualmente, el sindicato radicó ante el Ministerio del Trabajo una querella policial “para que se impongan las sanciones que haya lugar por persecución sindical, derechos a negociación colectiva e incumplimiento a la convención colectiva son situaciones que el Ministerio deberá valorar y determinar qué sanciones pecuniarias se le aplica, también, vamos a acudir a la Procuraduría para que se adelante la acción disciplinaria”.

Se solicitó la intervención de Mintrabajo

EL NUEVO DÍA dialogó con el ingeniero Harrison Acosta Olaya, gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Armero – Guayabal, quien explicó que llegó al cargo el pasado 27 de enero. Igualmente, confirmó que las personas estuvieron en sus cargos hasta diciembre de 2020.

“Ya se notificó al Ministerio de Trabajo la situación, porque en primera instancia desde enero se les presentó un nuevo contrato laboral porque (el anterior) se vencía el 31 de diciembre si no estoy mal. Fue notificada su terminación, pero como a ellos les asiste un vínculo laboral residual, porque tienen una convención colectiva de trabajadores vigente (...), automáticamente se renueva a seis meses”, es decir hasta junio de 2021.

Acosta Olaya comentó que el primer paso fue indicarles a los trabajadores que firmaran el nuevo contrato, que incluye según él las mismas actividades desempeñadas “antes de que se (registrarse) la coyuntura de que no volvieran a presentarse a sus puestos de trabajo”.

Igualmente, precisó que pidió la intervención del Ministerio para lograr una conciliación. “La última vez que me reuní con ellos, les presenté el contrato laboral con todas las cosas que me dijeron ellos que les modificara, pero expresaron que el Sindicato les dijo que no firmaran nada, por ende no iniciaron sus labores”.

Reiteró que la empresa está respetando la convención colectiva, “lo único que les estamos diciendo es que necesariamente tenemos que generar un nuevo contrato, porque el anterior ya fue notificado su terminación”, comentó que no entiende la negativa si se están dejando las mismas funciones y que los cargos están listos para ser ocupados por los mismos trabajadores.

Y a la pregunta si de por medio hay temas políticos o persecución, el Gerente respondió que “están equivocados en ese aspecto, realmente hay que entender que la empresa de servicios públicos se rige por un régimen especial que tiene que cumplir con una prestación de los servicios a su cargo, y la no presencia de ellos, está generando una debilidad dentro de la organización”.