En 2018 los habitantes de la Inspección Santa Marta en Coyaima, recibieron con ilusión el anuncio de que se iniciaría la construcción de un acueducto rural, una obra que les aliviaría la falta de agua potable a cerca de 270 familias, les calmaría la sed oportunamente en época de verano y dejaría atrás los días en que se debía depender de una aljibe o del río Saldaña.

Pero, al parecer, el destino sigue jugando en contra de esta comunidad, pues a pesar de que se contaba con más de $2 mil millones para inversión, el respaldo del Ministerio de Vivienda, la Gobernación del Tolima y la Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima, Edat, la obra finalmente no se ejecutará, pues los puntos no arrojaron la suficiente cantidad de agua.

Cronología de una obra que no fue

El Ministerio de Vivienda estableció un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, recursos que se priorizaron para la financiación de proyectos de abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales en zonas rurales, de municipios que hubieran radicado proyectos ante la Nación.

En el caso del Tolima, la anterior administración de Coyaima propuso la construcción de un acueducto para la inspección Santa Marta, iniciativa que tras un largo tiempo de espera, finalmente recibió el aval de Minvivienda el 24 de julio de 2018 y un presupuesto de 2 mil 744 millones 739 mil pesos.

Al contar con dicho respaldo financiero, en octubre de ese año se procedió a establecer un convenio interadministrativo entre todas las partes, es decir, Municipio, Ministerio de Vivienda, Gobernación del Tolima y la Edat.

Para generar una mayor confianza y credibilidad en esta iniciativa, el viceministro de Agua y Saneamiento Básico, José Luis Acero, estuvo en Coyaima en noviembre de 2018, visita en la que se anunció una inversión mayor a los $10 mil millones para el Tolima, parte de dicho dinero se destinaría a los acueductos de Santa Marta y Castilla.

De la misma forma, en ese entonces se habló de tres fases que contaban con el tiempo suficiente para desarrollarse, que consistían en la constatación de las condiciones que garantizaran la ejecutabilidad del proyecto, la ejecución de las actividades requeridas de acuerdo a las conclusiones de la primera fase y finalmente se concluiría con la ejecución de la obra.

“Luego el Ministerio decide que el ejecutor sea la Edat y es así como se da la aplicación en el convenio, y la Edat se pone en la tarea de sacar la licitación pública LP002 de 2019 que fue adjudicada al Consorcio Santa Marta el 16 de octubre” de ese año, dijo José Dayler Lasso, gerente de la Edat. El tiempo de ejecución de la obra a partir de la firma del acta de inicio se estableció en 13 meses, es decir, que el acueducto debía estar listo a finales de 2020.

Entre trámites y revisiones, pasó un año para que se adjudicara el proceso, y fue en octubre de 2019 que se conoció la carta de aceptación de la oferta con el Consorcio por 2 mil 510 millones 463 mil pesos. El paso siguiente fue contratar la auditoría, la cual se hizo el 27 de diciembre de 2019, por un valor de 344 millones 195 mil 358 pesos.

Pasado un año y medio, los contratos iniciaron su ejecución el 21 de febrero de 2020 y el 18 de marzo se finalizó con la primera fase que era constatar las condiciones que garantizaran la ejecutabilidad del proyecto, viabilizado este paso, finalmente, se empezó con los trabajos de prospecciones y exploraciones de los dos pozos proyectados.

Y cuando se pensaba que todo marchaba sobre ruedas, llegó el Covid–19 y con ello un cierre total del país con confinamientos y toques de queda, que ocasionaron la suspensión del proyecto desde el 31 de marzo. 

“El 9 de junio se suscribió el acta de reinicio para empezar a adelantar todo lo que faltaba de la fase uno y toda la ejecución de actividades, con los protocolos de bioseguridad. Luego, el 12 de junio se aprueba y se termina la fase uno del proyecto, se constató y verificó las condiciones de que se podía ejecutar, los reportes se envían al Ministerio de Vivienda y el Ministerio al BID”, explicó Lasso.

Una búsqueda fallida

Para entregarles agua potable a más de mil personas que residen en Santa Marta, se planteó la perforación de dos pozos profundos uno de 165 metros de profundidad y el segundo de 135 metros. La proyección era que cada uno contara con la capacidad de arrojar 3 litros de agua por segundo.

Asimismo, la obra contemplaba la instalación de dos plantas de tratamiento compactas y la construcción de dos tanques de almacenamiento elevado en concreto reforzado, del mismo modo, instalación de redes de distribución, acometidas domiciliarias y conexiones intradomiciliarias.

El panorama ‘pintaba’ prometedor, pues era la posibilidad de que cada vivienda tuviera el suministro de agua y dejara de preocuparse por buscar el preciado líquido en aljibes o depender del río Saldaña que en temporadas de sequía, reduce su caudal considerablemente.

Con la ruta clara a seguir, se dio paso a las exploraciones, “se empieza con el pozo dos y el 21 de agosto se hace un registro durante 72 horas, eso se llama una prueba de bombeo al pozo, (dio) 0.3 litros por segundo y con esta prueba de bombeo se pudo constatar que el pozo no arrojó el caudal requerido, el cual no era suficiente para abastecer lo que estaba proyectado, como tal se requerían 3 l/s”, precisó el gerente de la Edat.

Ante el resultado, en conjunto el Consorcio, el Ministerio de Vivienda, la interventoría y la Edat acordaron hacer un proceso de estimulación con el fin de seguir buscando el caudal requerido.

Después, se empezó a explorar el siguiente pozo con el lamentable resultado de tener un caudal de un litro por segundo. “De dos pozos que sumados debían arrojar 6 litros por segundo, solo fue de  1.3 litros, ni siquiera la mitad de lo que necesitaba”, agregó Lasso.

Con el tiempo jugando en contra, a finales de octubre de 2020, todas las entidades involucradas se reunieron para buscar posibles salidas rápidas, pues una de las condiciones en esta historia, es que los recursos aportados por el Gobierno nacional, debían utilizarse antes del 31 de diciembre de 2021. En ese instante para el interventor del contrato, era evidente que no había resultados favorables.

En este punto, el gerente de la Edat precisó que al momento de establecer el acuerdo, se deja la salvedad de que se está trabajando sobre probabilidades basadas en fundamentos matemáticos que surgieron de los estudios y diseños aportados por la Alcaldía de Coyaima y revisados por el Ministerio de Vivienda. Y el 28 de octubre, se da por terminada la fase dos y la conclusión es que los dos pozos son fallidos.

Por ello, las alternativas que se entraron a evaluar fueron liquidar el contrato, reformular el proyecto para dejar como fuente de captación el río Saldaña o generar una propuesta para hacer un nuevo sondeo geoeléctrico a una profundidad de 200 metros, donde probablemente se obtendrían caudales superiores a los del diseño inicial.

“La consulta se llevó al Ministerio y al BID, el 23 de noviembre. Estuvimos en la Gobernación con el Ministerio y todas las partes, ese día en la reunión en la Gobernación del Tolima se determinó optar por presentar una reformulación, con el fin de que se hiciera un nuevo pozo a mayor profundidad, pero también teniendo en cuenta y claro, que el pozo se construía con una probabilidad de acuerdo al estudio geográfico”.

Con el río cerca y sin acceso de agua

Por su parte, el mandatario de los coyaimunos indicó a través de la emisora Bésame Radio que la semana anterior se inició la liquidación del contrato y que espera que sea un trámite ágil, “es algo muy triste que después de que Oswaldo Mauricio Alape, en el periodo anterior logró conseguir estos $2 mil 700 millones, hoy estamos ad portas de devolverlos al Ministerio por la incapacidad, la verdad que podemos decirlo así, de estos personajes de no haber podido terminar este proyecto que iba a beneficiar a más de mil 500 personas”.

Precisó, que esta es una obra “que se va a hacer o se va hacer”, pues es un compromiso que tiene con su comunidad, por lo que ya está haciendo gestiones ante el Gobierno nacional para recuperar el dinero a través de otra fuente de financiación.

“De esas cosas que suceden en Colombia, el río pasa a menos de mil metros y la verdad es que esas personas se están muriendo de sed, tengo ya peticiones de la comunidad para un carrotanque, ya lo hice (solicitud) a la Secretaría de Ambiente y Gestión de Riesgo del Departamento y con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, estoy esperando que me respondan”.

Por su parte, el Gerente de la Edat expresó que se cuenta con la voluntad del Ministerio de Vivienda y la Gobernación para financiar la obra con otras fuentes de financiación, “toca abrir las puertas para darle solución a cualquier alternativa”.

Buscando salidas

Teniendo en cuenta que de por medio estaba la posibilidad de mejorar la calidad de vida de decenas de familias coyaimunas, se acordó adelantar un nuevo estudio geoeléctrico, de ello quedó encargado la Alcaldía, mientras que la tarea de la Edat fue elaborar los ajustes respectivos al nuevo estudio y presentar la solicitud de reformulación. Todo ello, se presentaría al Comité de Viabilización del Ministerio el 22 de diciembre.

Según Lasso, Minvivienda estaba en un “afán impresionante” y recordó que los recursos del BID, únicamente se podían ejecutar hasta el 31 de diciembre de 2021. Es decir, que la aprobación tenía que quedar al cierre de 2020, pues para la ejecución de la obra se necesitaban 11 meses.

Y a pesar de que cada entidad puso el empeño para ganarle la partida al tiempo, se generó un nuevo imprevisto. Según documento conocido por esta redacción y que está firmado por Gloria Patricia Tovar, directora de Infraestructura y Desarrollo Empresarial del Ministerio, el 22 de diciembre se hizo una nueva reunión y se le solicitó a la interventoría “aportar los ajustes hidráulicos para agilizar la aprobación del rediseño hidráulico, quien en respuesta advirtió de la necesidad de que en primera instancia el contratista adelantara todos los ajustes solicitados”.

Por lo que el Consorcio fijó como fecha de entrega el 30 de diciembre, a lo que se debía sumar una revisión por parte de la auditoría y la Edat, al igual que, un ajuste a las cantidades de obra, presupuesto y soportes y se agrega en el documento “a la fecha (29 de enero) no se cuenta con el rediseño hidráulico, ni con los soportes solicitados (…)”.

Ante dicho panorama, el Ministerio de Vivienda le informó al gobernador Ricardo Orozco, al alcalde William Walter Luna y al gerente de la Edat, José Dayler Lasso, que ante la “imposibilidad de dar continuidad a un proyecto que supera el plazo de contrato de préstamo, se procederá con la terminación y liquidación de los respectivos contratos, liquidación en la que deberá registrarse el balance técnico y financiero a fin de que las partes se declaren a paz y salvo por todo concepto”.

Ante esta decisión que no tenía vuelta de hoja, las entidades involucradas procedieron a explicarle a la comunidad lo sucedido, según Lasso “creo que entendieron desde el punto de vista que no hay pérdida de recursos, ni negligencia por parte de las entidades, simplemente, son unas condiciones técnicas que se dieron”.

En esa medida, queda la preocupación y el sinsabor de que por ahora, no es posible llevar la buena noticia a Santa Marta de poder brindar un servicio óptimo de agua potable, “a todos nos surge una preocupación porque más allá que se liquide el contrato, o más allá de que diga el contratista que no quiere, hay una comunidad de por medio, a la cual hay que buscarle una solución y esas son las instrucciones que nos ha dado el Gobernador, hay que ponerle la cara a la comunidad y buscarle una solución”, precisó Lasso.

DATO

Actualmente, el acueducto de Castilla tiene un avance del 70% de ejecución, obra que asciende a $2 mil 511 millones, mientras que el Plan Maestro de Alcantarillado cuenta con un presupuesto de $4 mil 544 millones y un avance del 95%.

En marzo de 2020 se hizo por lo alto, el anuncio del inicio del proyecto con el que se esperaba beneficiar más de mil 500 familias.