También fueron imputados en el mismo proceso Karen Ibet Bustos Cárdenas, exsecretaria de Gobierno para la época de los hechos y quien fungió como supervisora. 

La acción judicial además cobija a la contratista Ligia Rodríguez Molina, representante legal de las fundaciones Mi Tierra y Fundación Compromiso Social (Funsocial).

Las falencias detectadas se dieron en la celebración, en 2016, de cinco convenios para el Plan de Alimentación Escolar (PAE) de las instituciones educativas públicas existentes en la jurisdicción de Piedras, así como dos más en apoyo a la gestión. 

El monto total de los contratos suscritos superó los 451 millones de pesos. 

Las anomalías detectadas

Gracias a las labores investigativas adelantadas por el CTI, adscrito al grupo anticorrupción del ente acusador, se logró detectar una aparente violación a los principios de transparencia, imparcialidad y selección objetiva.

Al parecer, en un convenio y en un contrato de prestación de servicios se apropiaron de más de siete millones de pesos. Además, se logró determinar que las fundaciones carecían de idoneidad. 

Se advirtió, además, el fraccionamiento de contratos, adjudicaciones a dedo lo cual habría generado una violación a principios constitucionales. 

Ninguno de los procesados aceptó los cargos imputados por el delegado fiscal.