El caso fue expuesto por Luis Motta, presidente de la veeduría urbanización Acuarium e integrante de la Asociación que lleva el mismo nombre, quien indicó que son 188 familias las que llevan años esperando que se concluya una promesa que viene desde la anterior administración municipal.

“Es un proyecto muy ambicioso que pretendía entregar lotes a familias de Prado que hacen parte de desplazados, madres cabeza de familia, personas vulnerables en diferentes escenarios”, comentó.

El compromiso era entregar los lotes con obras de urbanismo terminadas para llegar a una tercera fase que sería la construcción de viviendas. En esta idea estaban incluidas 42 familias damnificadas de la ola invernal de 2010, a quienes les habían anunciado que tendrían un techo digno con el apoyo del Fondo de Adaptación, pero al final nada se materializó pues el contratista incumplió.

“Como el Fondo nunca volvió, ni el contratista terminó la obra, eso estaba loteado, la Administración local hace las resoluciones y las entrega de 188 lotes”, esto ocurrió en 2018.

Préstamo a Banagrario

Esta historia también incluye un empréstito de $2 mil 200 millones con el Banco Agrario de Colombia, tramite financiero que tuvo el aval del Concejo de la época, pues la finalidad era contratar las obras de urbanismo, es decir, instalar las redes de acueducto, alcantarillado y alumbrado público. Trabajo que se contrató en 2019 a través de una licitación de mil 900 millones de pesos.

De este dinero se desembolsó inicialmente mil 300 millones de pesos, quedando un saldo pendiente de giro por $900 millones.

Según el veedor, al quedar como alcalde Luis Ernesto Castañeda, contrario a la Administración anterior, las obras de inmediato se frenaron “curiosamente en 30 días, después de haber asumido su mandato en 2020, tuvieron el criterio para decir que las obras de urbanismo tenían sobrecostos, que no era viable el proyecto de vivienda, que había que revisar cuidadosamente el contrato y que por lo tanto era necesario suspenderlo”. Las obras quedaron en pausa desde el 31 de enero de 2020.  

Luego en marzo llegó la pandemia y no se volvió a tener información, por lo que se creó la veeduría ciudadana para poder pedir formalmente respuestas.

“Desde el año pasado hasta octubre habíamos pedido dos veces que se haga una mesa de trabajo donde esté la Administración, los organismos de control, el Concejo, la Personería, Contraloría, Personería del Pueblo y comunidad, para que la Alcaldía nos diga cuáles son los problemas que encuentra en el proyecto y cómo es que se van a resolver”.

Motta dio a entender que además de tener la incertidumbre por un lote, que en el papel es de su propiedad y que en la realidad no pueda tener, se suma un informe de la Contraloría del Tolima que señala que los más de mil millones desembolsados son un daño patrimonial, pues no se cumplió con el propósito de la inversión.

Y como si hasta acá las dudas no fueran suficientes, se conoció que en noviembre de 2020 el Banco Agrario desembolsó los $900 millones restantes, “le escribo directamente al Banco para ver qué pasó y la entidad me responde el 4 de enero que el dinero fue desembolsado el 19 de noviembre”.

Sobre este tema Motta cuestionó a la Alcaldía porque en la rendición de cuentas adelantada el 28 de diciembre no lo mencionó, ni tampoco lo informó en su momento a la Contraloría. Solo se abordó el tema en un debate de control político en el Concejo con el Secretario de Planeación, allí la comunidad conoció que el dinero fue recibido el año anterior y fue devuelto en febrero.

La ‘encrucijada’ de la Alcaldía

EL NUEVO DÍA habló con el secretario de Planeación e Infraestructura, Juan Felipe Lozano, quien explicó que cuando llegaron a la Administración local encontraron una serie de inconsistencias desde la planeación del proyecto, “a raíz de que habían unas obras que se estaban ejecutando y tenían una cantidad de ítems no previstos y de actividades de mayores cantidades que permitían identificar que hubo unas deficiencias en la ejecución de los estudios y diseños del contrato que dio paso al contrato de obra”.

Un ejemplo de las improvisaciones encontradas fue la construcción de un muro de contención, que no estaba presupuestado inicialmente, “hubo una mala planeación dentro del proyecto”, muestra de ello es que no se habría calculado los recursos que se necesitaban para el total de las obras de urbanismo, tanto así que cerca de dos manzanas se quedarían sin las adecuaciones iniciales.

“La administración anterior obvió y adjudicó a diestra y siniestra toda la cantidad de lotes sin haber tenido las obras culminadas, el deber ser, era que con los recursos que se habían comprometido, haber terminado las obras de urbanismo y luego identificar cuántos lotes se podían entregar y ahí sí hacer una convocatoria pública”.

El funcionario dijo que el contrato de urbanismo sigue suspendido y lo construido deteriorándose, “estamos en una encrucijada, voy a solicitar a raíz de los informes de la Contraloría y de los hallazgos que se derivaron, una mesa con la interventoría para poder definir a ciencia cierta que se puede (hacer), continuar con el contrato, cosa que lo veo difícil, de acuerdo a los hallazgos de la Contraloría o definitivamente liquidarlo, que desde mi punto de vista es lo más viable”.

El contrato tiene dos actas aprobadas de cobro, la primera es de mil 081 millones de pesos y la segunda es de $288 millones, de esta cifra el Municipio le adeuda al contratista $331 millones, es decir que en su momento se desembolsó mil 038 millones de pesos.

Pero al parecer aún faltarían más recursos para culminar con el total de las obras, recursos que no pueden ser asumidos por la Alcaldía.

“Nosotros como Administración entramos a verificar de esas 188 personas, a las cuales les adjudicaron los lotes, si efectivamente tenían criterios de vulnerabilidad, algunos los tienen, pero otros no necesitaban los subsidios hay personas que tienen propiedades en Bogotá y otras ni siquiera residen en Prado, hay muchas irregularidades frente a la escogencia de los lotes”.

Explicó que tras superar varios inconvenientes finalmente los $900 millones se desembolsaron en noviembre, pero fueron devueltos en febrero tras conocerse las presuntas irregularidades que expuso el ente de control departamental. Comentó que aunque los recursos estuvieron por tres meses en las arcas del Municipio, no habrían alcanzado a generar intereses.

Agregó, que en la mesa técnica que convocará serán los asesores jurídicos de la Alcaldía y del área de contratación quienes determinen cuál es la mejor salida para el contrato de urbanismo. Asimismo, se pedirá a la interventoría un informe para precisar a hoy cuál es el monto que se necesita para terminar el urbanismo.

Entre el desespero y la desesperanza

El veedor indicó que lo que se lleva en urbanismo, que es cerca del 70% de ejecución, es rescatable y precisó que serían dos manzanas las que no alcanzaron a quedar con acueducto, alcantarillado y alumbrado público. También, mencionó que son decenas de familias que están desesperadas por no contar con un techo, tanto así que algunas de las que tienen resolución y registro han expresado la intención de irse a vivir así al lote. Se estima que 106 personas de las 188 beneficiarias alcanzaron a registrar la propiedad. Uno de los cuestionamientos hechos por el mandatario Luis Ernesto Castañeda es que entre los beneficiarios hay personas que ya tienen propiedad, contratistas y familiares de concejales de la época, sobre ello Motta dijo que es verdad pero que hay que tener en cuenta que si se revisa a profundidad en su momento cumplieron con los requisitos, “le he dicho resuelva su problema con ellos, pero no perjudique al resto de la comunidad”.