Con el paso del tiempo apareció ‘Princesa’, una peludita ciega de edad avanzada, pero que con sus gestos de cariño, logró ser parte de la familia de la Rama Judicial. Las dos caninas merodean diariamente las oficinas y jardines del Palacio de Justicia, igualmente, acompañan a los trabajadores y visitantes en las labores diarias, sin generar interrupciones, simplemente entregando los gestos propios de agradecimiento que tienen los animales, cuando son apreciados, cuidados y valorados.

La tranquilidad de los animales se vio interrumpida luego de que una ARL, al parecer, dio un concepto al director de Administración Judicial de Ibagué, Edwin Riaño, para que las desalojara pues son consideradas un riesgo desde el área ocupacional, decisión que fue fuertemente cuestionada por los funcionarios, pues en su percepción significa que las tirarán la calle.

Uno de los trabajadores expresó que es paradójico que en el lugar en que se supone hay guardianes de la ley y que se vela diariamente para que se respeten los derechos, se origine este tipo de hechos que vulneran a dos animales que según las recientes leyes son considerados seres sintientes. “No lo vamos a tolerar bajo ninguna circunstancia”, comentó.

Hasta ayer en la tarde no se tenía claro cuál es el supuesto riesgo que generan las caninas, por ello los funcionarios oficiaron al Director Administrativo para que les explicara y sustentara sus argumentos, pues la expulsión se haría hoy.

En la misiva se lee “consideramos que de admitir su expulsión estaríamos avalando el comportamiento inhumano y anti-animalista, que no estamos dispuestos a tolerar y sí a refutar, bajo todos los amparos que la ley permita (…).

Diferentes organizaciones animalistas se unieron a la voz de protesta por estar involucradas dos perritas que son de edad avanzada y que quedarían expuestas a diferentes riesgos.

EL NUEVO DÍA buscó telefónicamente y vía WhatsApp al funcionario Edwin Riaño, pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

DATO

En Lérida se conoció el caso de un gatico, que fue adoptado por los funcionarios y por una decisión del Director Administrativo también fue desalojado de las oficinas judiciales.