La diligencia inició este 23 de marzo y culminó el miércoles 24 de marzo de 2021, luego de que la Procuraduría, como garante de los derechos de los ciudadanos, verificara el cumplimiento de los protocolos de seguridad por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional.

Asimismo, el Ministerio Público constató las condiciones de bioseguridad y la entrega de algunas ayudas humanitarias consistentes en el pago de $200.000 durante tres meses a madres cabeza de familia y gestantes; al igual que albergue para adultos mayores, y niños, niñas y adolescentes, por cuanto las familias no cumplían requisitos para ser reubicadas.

Este desalojo previsto para noviembre de 2020 fue aplazado por petición de la Procuraduría, tras evidenciar que no se cumplían las garantías mínimas de protección a grupos vulnerables, entre ellas, un censo que permitiera caracterizar y establecer el número de niños, niñas y adolescentes; adultos mayores, madres gestantes y víctimas afectadas.

Durante el procedimiento fue judicializado un ciudadano, y se impusieron cinco comparendos de policía a quienes se opusieron al desalojo. Entre los invasores había migrantes, personas reconocidas como víctimas que han recibido ayudas, así como titulares de otros auxilios y subsidios estatales. 

A través de esta actuación preventiva, la Procuraduría Provincial de Honda hizo un llamado al Invías para que, mediante un trabajo articulado con las entidades concernidas se recupere, cuide y preserve los bienes inmuebles que conforman el corredor férreo y sus zonas anexas, contiguas o de seguridad, los cuales están fuera de la actividad mercantil toda vez que son inembargables, inalienables e imprescriptibles.