La Comisión Regional de Moralización hizo una revisión recientemente, al proyecto inconcluso de potabilización de agua potable en Villarrica. A pesar de que se encontraron salidas para seguir con la ejecución de la obra, tanto la Procuraduría Judicial, Ambiental y Agraria como la Contraloría General de la República, hicieron serios cuestionamientos a las decisiones adoptadas en el marco del contrato.

En la audiencia pública desarrollada en días anteriores en el municipio, José Dayler Lasso, gerente de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima, Edat, explicó que tras firmarse el reinicio de la obras en julio, ya se retomaron labores para concluir la primera fase de la reformulación.

“La obra principal de esta primera etapa es la construcción de una planta compacta portátil, debido a las inestabilidades de los terrenos y ante la posibilidad de los próximos años de reubicación de las viviendas de Villarrica”, expresó Lasso.

Agregó, que entre las primeras labores adelantadas estuvo la adecuación, limpieza y el rescate de las estructuras que se hicieron hace más de cuatro años, por ello, se hicieron pruebas con el contratista y la interventoría “para determinar su funcionalidad y el contratista tiene entre sus obligaciones, la responsabilidad de entregar en un cien por ciento las obras funcionales y de buena calidad”.

El funcionario recordó que esta primera parte tiene un valor de $496 millones, mientras que la segunda asciende a $521 millones.

También, expresó que para el Gobierno departamental hubiera sido fácil dejar el proyecto inconcluso y esperar a que se terminaran los procesos de responsabilidad fiscal, “pero más allá de eso está la responsabilidad de la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional como un solo Estado, de garantizar este derecho fundamental de los habitantes de Villarrica de tener agua potable”, concluyó.

A revisión del Comité de Ejes Misionales

Por su parte, Daniel Rubio, procurador Judicial, Ambiental y Agrario, expuso en su intervención que el departamento cuenta con el Comité de Ejes Misionales de la Procuraduría General, instancia en donde se articulan los procuradores que ejercen funciones en el Tolima y es presidido por la Procuraduría Regional.

Igualmente, explicó que desde dicho Comité, se priorizó la revisión de la legalidad del acto administrativo mediante el cual se aprobó la garantía de patrimonio autónomo y que expidió la entidad bancaria Bbva para poder retomar las obras.

La inquietud del Ministerio Público está en que años atrás, se aprobó una póliza que contaba con determinados amparos, por lo que la idea es que la Procuraduría General de la Nación corrobore que el acta de reinicio cubre los mismos amparos de ese entonces y no se haya quedado por fuera, el respaldo a temas clave como la estabilidad de la obra.

Esto teniendo en cuenta que “la misma Edat en la información que entregó en audiencia pública adelantada el año pasado, nos comentaban que varios de los ítem que hacen parte de este contrato y de las obras que se adelantaron, presentan unos inconvenientes”, expresó Rubio.

Y añadió que cuando se desarrollen las actuaciones y se tengan resultados, se procederá a informar a la Comisión Regional de Moralización, al igual que, a la ciudadanía.

De la misma forma, recordó que el Juzgado Octavo Administrativo compulsó copias, a solicitud de la Procuraduría General de la Nación, a la Fiscalía por el incumplimiento de las órdenes proferidas hace más de seis años en el marco de una Acción Popular que tenía como propósito garantizar el agua potable a los habitantes del casco urbano de Villarrica. 

Cuestionamientos a intervención por fases

Desde la Contraloría General de la República, CGR, intervino Vladimir Forero, encargado del área de Participación Ciudadana en el Tolima, quien mencionó que son 11 años y medio esperando el cumplimiento de unas órdenes que tenían como plazo 14 meses.

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