Centenar de habitantes en Prado demandan a la Alcaldía por proyecto Acuarium

Crédito: Suministrada / EL NUEVO DÍA
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Desde hace más de un año 188 familias están a la espera de la terminación de las obras de urbanismo para que se haga la entrega oficial del mismo número de lotes. A pesar de la intermediación de la Contraloría Departamental, el proyecto sigue siendo una obra inconclusa.
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El Juzgado Primero Administrativo Oral de Ibagué, admitió una acción popular interpuesta en contra de la Alcaldía de Prado, por un centenar de personas que reclaman una reparación por los perjuicios derivados del inconcluso proyecto de vivienda Acuarium.

Con la medida jurídica, además, se busca la reactivación de una obra que estaba destinada a 188 familias, 42 de ellas damnificadas de la ola invernal de 2011. Luis Mota, veedor de la urbanización Acuarium, explicó que después de que la Contraloría Departamental puso en la agenda mediática los problemas del proyecto, no hubo ningún avance en el terreno.

“Por parte de la Administración local fue imposible lograr concertar una mesa de trabajo que involucrara a todas las partes para buscar salidas. Nos reunimos en varias oportunidades con la Contraloría y siempre estuvo dispuesta a facilitar todos los mecanismos y medios para continuar con el proceso”, contó Mota.

Agregó, que se hicieron varios requerimientos a la Alcaldía e invitaciones, para crear espacios participativos, que conllevaran a seguir con el proceso, pero no se obtuvo una respuesta.

“Frente a la imposibilidad y viendo el avance de la obra que se hizo, que era de un 70 % y se estaba deteriorando, instauramos una acción popular”.

En total fueron 105 ciudadanos los que recurrieron a la demanda de reparación de los perjuicios causados a un grupo, para solicitar la culminación de las obras de urbanismo, asimismo, la corrección de algunas de las resoluciones expedidas por la administración de 2018, para que los beneficiarios puedan legalizarlas ante la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos.

Y en tercer lugar, “el hecho de que no se hayan entregado las obras de urbanismo en su momento, hace casi dos años, genera unos perjuicios bastante altos y una indemnización bastante elevadísima”, explicó Mota.

Agregó, que también se exige el derecho a la vivienda digna, que es obligación del Estado garantizarla, “el proyecto en lugar de impulsarse, se le ponen todas las trabas, evidentemente hay una vulneración a ese derecho fundamental”, comentó. 

Génesis de esta historia

En 2016 el Fondo de Adaptación contrató las obras para beneficiar a 42 familias, las cuales tenían como plazo de ejecución hasta diciembre de 2018.

De otra parte, ese mismo año la Administración local hizo un empréstito por 2 mil 300 millones de pesos, para aportar al proyecto que estaba planteado en tres fases.

El primer paso fue la adquisición de un predio y su desenglobe en 188 lotes, tarea que estuvo a cargo de la anterior Administración local de Prado. El segundo, crear las conexiones  de los servicios públicos, “el 70 % tenía en su momento todo lo relacionado con acueducto, alcantarillado y los postes para la luz, lo que faltaba básicamente eran dos manzanas de 40 familias”.

Teniendo en cuenta el porcentaje de avance, el anterior Alcalde asignó los predios a través de resoluciones, sin embargo, para el actual Mandatario al revisar la lista de beneficiarios, algunos no necesitaban la ayuda pues  ya tenía propiedades y otros ni siquiera viven en el municipio.

Según Mota, hace un año solo faltaba hacer la conexión a la red principal del acueducto para llevar el preciado líquido hasta los lotes, pero con el cambio de administración las obras se suspendieron. Ahora, pasado más de un año el alcantarillado estaría colapsado por la acumulación de sedimentos, “hoy toca volver a limpiarlo para que pueda ser útil”.

En medio de este ‘enredo’, en febrero de este año se conoció un informe de la Contraloría del Tolima, en el que se relacionaban tres hallazgos de alcance fiscal y dos de tipo penal. Una de las presuntas irregularidades asciende a mil 454 millones 041 mil pesos, debido a que los contratos relacionados con las obras de urbanismo no cumplieron con su objeto social por falta de planeación y porque no eran viables técnicamente. 

 

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REDACCION TOLIMA

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