Consulta popular de Cajamarca, un ejemplo de los riesgos de defender ‘nuestra casa común’

Crédito: ARCHIVO - EL NUEVO DÍA
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En el informe ‘Proteger nuestra casa común: Defensoras y defensores de la tierra y del medio ambiente en Latinoamérica’, se hace una revisión de la ardua lucha de los cajamarcunos, para lograr que se respete la decisión ciudadana adoptada en 2017. Igualmente, se concluye que en Colombia es peligroso defender los recursos naturales.
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Colombia continúa siendo el país con la mayor cantidad de defensoras y defensores de derechos humanos asesinados en el mundo, igualmente, es el lugar en el que se tuvo que acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, para exponer la necesidad de contar con mecanismos efectivos de participación ciudadana, en temas relacionados con la minería.

Así lo concluye el informe ‘Proteger nuestra casa común: Defensoras y defensores de la tierra y del medio ambiente en Latinoamérica’, coordinado por la Agencia Católica para el Desarrollo en el extranjero, Cafod, por sus siglas en inglés y cofinanciado por la Unión Europea.

La investigación se basa en diferentes casos de violaciones a defensores de derechos ambientales ocurridos en Perú, Bolivia, Brasil, Guatemala, Honduras y Colombia, en este último, una de las referencias es Cajamarca y su incansable lucha por hacer respetar el resultado de la consulta popular de 2017.

En el documento se explica que la también llamada ‘Despensa agrícola’, fue el municipio de la primera consulta popular de origen ciudadano vinculante en Colombia, mecanismo por medio del cual se decidió sobre un proyecto minero, que se creía iba a ser la mina de oro más grande de Latinoamérica.

Igualmente, la población ubicada en la zona centro del Tolima, se convirtió en ejemplo e inspiró a otras poblaciones a recurrir a la consulta popular para decidir qué querían hacer en su territorio. 

Sin embargo, en 2018 “la Corte emitió tres fallos adicionales para impedir que las actividades mineras tuvieran que ser sometidas a consultas públicas”, circunstancia que generó que el Gobierno nacional y las empresas intenten minimizar “la naturaleza legal y vinculante”, incluidas aquellas que ya se habían hecho y recibido respaldos administrativos y judiciales, se explica en el informe.

Ante este panorama, las organizaciones de la sociedad civil no tuvieron más alternativa que seguir buscando vías de derecho, para reafirmar la legalidad de la consulta popular de Cajamarca, por ello, junto al Centro Sociojurídico para la Defensa Territorial Siembra, se pidió una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, con el objetivo de abordar la necesidad de contar con “mecanismos efectivos de participación ciudadana en temas relacionados con minería”.

Robinson Mejía, integrante de la coordinación del Movimiento Nacional Ambiental y de la Red de Comités Ambientales del Tolima, explicó que la petición ha sido negada en tres ocasiones, sin embargo, ante la importancia del tema, se está insistiendo por cuarta vez.

El objetivo es lograr que la Comisión “le diga al Estado colombiano que cumpla la Constitución y garantice la participación en temas extractivos, también, se busca llamar la atención de la regresividad en materia de derechos, pues primero se reconoció la participación ciudadana en esos temas y luego se la quitó”, añadió Mejía. 

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REDACCION TOLIMA

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