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Luego de conocerse que la Fiscalía imputó cargos al mandatario de Venadillo, Jorge Armando Cabrera, por presuntas irregularidades en un contrato suscrito en 2020 para la contención del Covid–19, este explicó que las indagaciones están centradas en un proceso que tenía como objeto un tema logístico.
“Todos los alcaldes tuvimos que hacer ese contrato de logística, todos tuvimos que firmar un decreto de urgencia manifiesta, la gran mayoría tuvimos que hacer contratación directa amparados en la urgencia manifiesta, porque los casos de Covid–19, estaban en aumento cada día más”, comentó.
Cabrera dijo que las medidas de prevención adoptadas funcionaron, pues el primer caso llegó en julio, es decir, cuatro meses después del reportado en Ibagué, lugar en donde se conoció el contagio número uno para la región.
“Es decir, que sirvieron los recursos que invertimos en logística para eso Qué se contrató, el señor que me soldó las vallas para cerrar fronteras, la gente que me vigilaba las entradas y registraban los ingresos, los baños portátiles, la alimentación de esta gente, todo eso”.
El Mandatario señaló que en estos casos, no faltan las denuncias anónimas que exponen “cosas que no son como tal”, asimismo, mencionó que no tiene ningún inconveniente en las investigaciones que surjan durante su administración.
“Ya hicimos la imputación de cargos, vamos a defendernos. Pero la verdad, estoy tranquilo frente a esto, no tengo en este momento cosas que ocultar”, concluyó.
¿Qué se investiga?
En días anteriores se conoció que la Fiscalía le atribuyó al Alcalde los presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales en concurso con peculado por apropiación y falsedad en documento privado.
El meollo del asunto radica en que el valor del contrato era de $124 millones 740 mil, de los cuales los investigadores del Grupo de Administración Pública del CTI, detectaron una apropiación injustificada de $46 millones 113.
En este caso también fueron imputados Deyanira Montenegro Mendieta, secretaria de Desarrollo Agropecuario; Claudia Guzmán Arango, representante legal de la Fundación Conservación Vida y Medio Ambiente y Jonathan Elder Salcedo Méndez, coordinador de proyectos de la misma fundación.
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