Campesinos siguen en la lucha para reglamentar Ley de alivios financieros

Crédito: Archivo - EL NUEVO DÍA
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Aunque se conoció un primer decreto, los pequeños y medianos productores consideran que quedó ‘cojo’ ante la realidad económica y jurídica, que viven a causa de las deudas.
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A finales de 2020 el Gobierno nacional sancionó la Ley 2071, mediante la cual se entregan alivios financieros a los pequeños y medianos productores de los diferentes sectores agropecuarios del país, sin embargo, pasados 10 meses siguen sin tener reglas acordes a su realidad jurídica y económica de los agricultores.  

Absalóm Arias, integrante de la organización Movimiento Fuerza Campesina y Juvenil, explicó que los campesinos siguen luchando para que se establezcan garantías que permitan acceder a la Ley y así lograr que los cobijen como necesitan. 

Esto teniendo en cuenta que el pasado primero de junio, el Ministerio de Agricultura expidió el decreto 596, que en percepción de los agricultores dejó dudas.

“En ese decreto no se recogió la mayoría de inquietudes presentadas por el campesinado para la reglamentación, apenas (incluye) lo que tiene que ver con los créditos de Banco Agrario, dejando por fuera la banca privada”.

Es decir, que después de seis meses de sancionarse la Ley, se entregaron unas reglas que no cumplieron con lo esperado por los pequeños y medianos agricultores, por lo que Arias considera que al final se hizo de una “manera coja, sin tener en cuenta la realidad jurídica, legal y económica de los campesinos de Colombia”, precisó.

Un decreto que no 

sería representativo  

El decreto al que hace referencia Arias, explica que los beneficiados serán aquellos  cultivadores que resulten afectados por fenómenos fitosanitarios, zoosanitarios, caída severa y sostenida de ingresos, también, situaciones climáticas y fenómenos no controlables por el pequeño y mediano productor.

De la misma forma, se relaciona que el Banco Agrario de Colombia y el Fondo Agropecuario de Garantías, “recibirán pagos y celebrarán acuerdos de recuperación y saneamiento de cartera agropecuaria, sobre obligaciones que hayan entrado en mora antes del 30 de noviembre de 2020”.

Por lo que desde el Movimiento se recuerda que el artículo tres de la Ley, aunque hace referencia a estas entidades, también, específica en uno de sus parágrafos que “los acuerdos de recuperación y saneamiento de cartera agropecuaria (…) también podrán ser aplicables por parte de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia”.

Ante esta falencia, un grupo de campesinos integrantes del Movimiento acudieron a las vías de hecho y decidieron encadenarse a la puerta del edificio del Ministerio de Agricultura el 22 de julio, de esta forma llamaron la atención y lograron que se adelantaran mesas de concertación, para buscar acuerdos en la aplicación de la Ley.

El encuentro se hizo el pasado 14 de octubre en Bogotá y asistieron representantes del Ministerio de Agricultura, el Banco Agrario de Colombia, Finagro, al igual que, de la Contraloría, Procuraduría y Defensoría del Pueblo. Las entidades de control buscaban conocer cuáles eran las inconformidades y hacer el acompañamiento respectivo del caso.

“Se revisaron y dejaron unas propuestas para que el Ministerio de Agricultura saque un nuevo decreto, reformando en parte el 596 que no representa la realidad del campesinado colombiano”, agregó Arias.

La principal preocupación radica en que los pequeños y medianos productores, además de recurrir a las entidades del Estado, también tienen obligaciones financieras con diferentes bancos y entidades de microfinanzas privadas.

Otro de los requerimientos es que sea mayor el número de beneficiarios de las rebajas a capital del 80 %, “solo se lo aplicaron a un pequeño grupo, a un segundo grupo del 60 % y un tercer el 20 % y el campesinado que está con hipoteca, prácticamente no tiene rebaja de nada”.

Por ello, en este punto el acuerdo fue volver a adelantar una revisión para pasar más personas del grupo que se ubica en el 20 % al de descuento del 80 %.

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REDACCION TOLIMA

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