Este nuevo cese de actividades que, desde el pasado 28 de octubre, tiene paralizada la operación de las ORIP, agrava de manera crítica la precaria prestación del servicio público registral en el país y se convierte en uno de los procedimientos más restrictivos, complejos y de impacto negativo en el acceso a la vivienda de los colombianos, la política de vivienda social, la financiación hipotecaria y el desarrollo regional y del mercado inmobiliario.

De acuerdo con las estimaciones del Gremio, tras 8 días de parálisis del servicio público registral, se han frenado inversiones en vivienda nueva equivalentes a 1,6 billones de pesos y se ha puesto en riesgo el acceso a la vivienda formal de 8.000 familias colombianas. En el caso del departamento del Tolima, $44.864 millones de inversión en vivienda nueva se han frenado, y 347 familias ha dejado de recibir su vivienda oportunamente. Con el pasar de los días y el cese de actividades, el problema se convierte en uno de los principales riesgos para la reactivación económica de la región y un retroceso en la política de vivienda.

Así mismo, Camacol afirmó que esta parálisis del servicio registral tiene efectos negativos en los demás sectores de la economía, ya que todos los actos, contratos, decisiones contenidas en escritura pública que generen cambios de dominio u otro derecho real sobre bienes inmuebles deben surtir el respectivo procedimiento ante las ORIP, por tanto, no garantizar la continuidad de este servicio va en contra de la Ley 1579 de 2012 en la que se consagra que… “el registro de la propiedad inmueble es un servicio público prestado por el Estado…” y por tanto requiere prioridad, continuidad y eficiencia en su prestación, en todo el territorio nacional.