Así lo informó el periodista Silverio Gómez, quien moderó el foro ‘Papel de las comunidades en un proyecto minero’, en el Congreso Nacional de Minería, en Cartagena, hace un par de semanas.

Gómez, director de la publicación Mundo Minero, explicó que uno de lo problemas que más afectan el desarrollo de proyectos mineros y de infraestructura es la poca claridad que existe acerca de la participación de las minorías étnicas asentadas en las zonas de explotación de los recursos minerales o en la ruta de los proyectos.

“Casi 25 años después de establecerlo en la Constitución de 1991, el asunto no ha sido reglamentado legalmente y por ese motivo han surgido todo tipo de discusiones y enfrentamientos que impiden la definición de los proyectos, incluyendo la aparición de grupos de presión para sacar ventaja de la indefinición.

“E incluso se ha convertido en un negocio de profesionales que pregonan la defensa de los intereses de los afectados”, aseguró Gómez.

El periodista agregó que el ministro Cristo, había anunciado el inicio del trámite del Gobierno para llevar al Congreso un proyecto en este sentido.

La propuesta tendrá definiciones específicas en temas como proceso, obligaciones y derechos de las partes y el tiempo pertinente de la concertación entre comunidades.

Nueva agencia

De acuerdo con Cristo, el tema estará ligado a la creación de la Agencia para el Diálogo Intercultura, que el gobierno Santos está diseñando y que será parte fundamental de los diálogos y relación con las comunidades locales, luego de firmado el acuerdo de paz con la guerrilla en La Habana.

La Consulta Previa es el derecho fundamental que tienen los pueblos indígenas y los demás grupos étnicos cuando se toma medidas (legislativas y administrativas) o cuando se vaya a ejecutar proyectos, obras o actividades dentro de sus territorios, buscando de esta manera proteger su integridad cultural, social y económica y garantizar el derecho a la participación.