Conversar con Mauricio Cárdenas Santamaría por media hora es una tarea difícil de lograr. A su despacho no paran de llegar viceministros y asesores, ni de entrar las llamadas de su jefe, el presidente Juan Manuel Santos, quien lo requiere con frecuencia y lo tiene muy cerca, tan sólo pasando la calle Séptima, en el centro de Bogotá.

Pero la misión se logra, para escuchar a Cárdenas y evocar al mismo Juan Manuel Santos, quien hace quince años en ese misma oficina les pronosticó a los colombianos “sangre, sudor y lágrimas”, por la situación difícil de la economía.

Y si bien hoy las condiciones son diferentes a 2000, Cárdenas también tiene claro que la seriedad fiscal se tiene que mantener cueste lo que cueste, por lo que no descarta que antes de finalizar este año se haga un nuevo ajuste a los gastos, debido a la caída en los precios del petróleo que echaron al traste las proyecciones. De esos temas, Mauricio Cárdenas habló con Colprensa.

“No vamos a perder nada”

- Con el primer semestre ya casi terminado, ¿ha sido más difícil de lo que preveían?

Estamos en una transición que no ha concluido, Colombia se está ajustando a los menores precios del petróleo y va a tomar un tiempo, pero vamos muy bien. Estoy muy optimista, porque no hay traumatismos. Hemos logrado asimilar los menores precios del petróleo con cierta continuidad, sin cambios que puedan generar quiebres muy fuertes. Que el crecimiento se va a moderar un poco, cierto; que el Estado colombiano ya no tiene la misma capacidad que tenía antes, cierto; que la economía se está ajustando a esa nueva realidad, no me queda la menor duda.

- ¿En diciembre imaginaba un escenario peor?

La caída de los precios ha sido un factor de preocupación, pero por formación de quienes trabajamos en el Ministerio de Hacienda, desde el principio vimos una estrategia muy balanceada, donde nos estamos acomodando, básicamente con tres mecanismos. Uno es aumentar impuestos, que lo hicimos con la reforma tributaria de diciembre pasado; otro es reducir gastos, y un tercer mecanismo es un espacio de déficit adicional que nos da la regla fiscal.

- En el ajuste de gastos el presidente Santos habló de recorte de entidades. ¿Eso cómo va?

El elemento que restringe el gasto en las entidades es una disposición que incluimos en la Ley de Presupuesto de este año, que ordenó bajar en 10 por ciento los gastos. Aplica a todas las ramas del poder público y ha producido efectos importantes, pero no descarto que hacia adelante tengamos que ir más allá con medidas de austeridad, porque no hemos terminado el proceso de ajuste.

- Había preocupación en el Gobierno por las protestas sociales. Ya pasó la de Fecode. ¿Hasta dónde hay margen de enfrentar otros paros similares?

El país entiende que las disponibilidades fiscales son hoy otras, y que el activo que tenemos que preservar a toda costa es la confianza, que se construye sobre la base de responsabilidad fiscal; ese pilar lo defendemos a capa y espada, un cimiento sobre el que está edificada nuestra economía.

Eso nos lleva a ser conscientes de que hay muchas aspiraciones y necesidades que no pueden convertirse en realidad, una cosa es lo que uno quiere y otra es lo que se puede hacer.

- ¿Le queda ‘pega’ en esa ‘olla fiscal’ para raspar?

Digamos que tenemos los recursos para que el país pueda avanzar sin contratiempos, sin traumatismos, no todo lo que se aspira, sólo lo que se puede.

Voy al ejemplo del Invías: el plan es de diez billones de pesos, pero lo que se puede hacer en los próximos cuatro años es sólo por cuatro billones, es lo que cabe en el espacio fiscal.

- ¿Eso lo entendieron sus compañeros del Gobierno, incluyendo la Vicepresidencia, que contaba con hacer esas obras?

Todo el mundo lo entiende, por una razón obvia: el Presidente es el más convencido de la importancia de la disciplina fiscal para el éxito de la economía.

Ha sido ministro de Hacienda y el promotor de las iniciativas más importantes de responsabilidad fiscal, que son la reforma constitucional que hizo ese ajuste y la ley que estableció la regla fiscal.

- ¿Qué va a ocurrir con Isagén? ¿Habrá venta?

El proceso de venta de Isagén está suspendido por orden del Consejo de Estado, el Gobierno nacional a través de los ministerios de Minas y Hacienda presentó un recurso para levantar esas medidas cautelares, estamos ante la expectativa de que eso ocurra.

El Consejo de Estado está analizando el recurso.

- El Gobierno ya cuenta con ese dinero, pero ¿hasta cuándo podrá seguir esperando para iniciar los compromisos adquiridos?

Los recursos son necesarios para asegurar el financiamiento de las obras de 4G, los recursos los vamos a destinar en su totalidad a fortalecer la capacidad de la Financiera de Desarrollo Nacional, para apalancar y financiar esos proyectos. Tenemos que acomodarnos a los términos que nuestras propias instituciones, como el Consejo de Estado, vayan decidiendo, porque tenemos que estar apegados a lo que ordena la ley. Hay una sensación de urgencia, de que esto es importante y esperamos que se proceda también con agilidad en resolver estas controversias legales.

-Han dado mucho palo al Gobierno por la venta de Isagén, incluso en sectores amigos…

Ha sido polémica, porqué todos los temas relacionados a enajenación de activos de la Nación, despiertan reacciones, hay quienes consideran que es importante que la Nación siga siendo el accionista mayoritario, hay quienes ven que es más rentable para todos los colombianos que esos activos los convirtamos en carreteras.

La energía no se va a ir de Colombia y al final vamos a quedar con energía y más carreteras. No vamos a perder nada. Este es un debate en el que también desempeña un papel importante la ideología.

- Cuándo el presidente Santos dijo que les pediría a ustedes, los ministros, que defendieran ante el país la venta de Isagén, ¿fue porque no todos en el Gobierno estaban de acuerdo?

No es que no estén convencidos, es que son temas que por su especialización manejan unas pocas carteras: Hacienda y Minas.

Lo que el Presidente señala es que como los recursos se van a utilizar para la infraestructura del transporte, es importante que en esta estrategia de explicación el sector transporte cumpla aquí un papel.

- Si se demora el pronunciamiento del Consejo de Estado o se llega a caer, ¿han pensado en Plan B?

No hemos pensado en un Plan B. El tiempo es esencial, ojalá el Consejo decida rápido, para que no vayamos a perder el interés que tienen las empresas que están preclasificadas. En cualquier momento a estas empresas les pueden aparecer otras oportunidades de negocio y simplemente toman una decisión distinta.

- Tras la aprobación del Confis ¿cómo quedaron los compromisos del Gobierno en construcción de vías y cómo cambian las proyecciones de la Vicepresidencia de la República?

El plan de infraestructura tiene varios elementos. Uno de ellos son las 4G, que son todas las asociaciones público-privadas y en las que el grueso de la inversión recae sobre el sector privado; pero el país todavía tiene una red a cargo del Invías no concesionada que se debe mejorar bajo la modalidad de contratos de obra pública. Para atender ese frente el Invías tiene un plan de 10 billones de pesos; dadas las restricciones fiscales, el Confis autorizó cuatro billones de pesos, que son los presupuestos para obra pública correspondientes a 2016, 2017, 2018 y 2019, con ese presupuesto se arma un paquete con el que Invías puede salir a hacer contratos en estos cuatro años.

- ¿Cuáles proyectos van a entrar?

Cuáles van a entrar y cuáles van a quedar por fuera lo debe decidir el propio Invías.

- ¿Pero sobre qué condiciones se llevará a cabo la definición?

Debe priorizar en función de impacto sobre el desarrollo de las regiones, impacto sobre la economía e impacto sobre el empleo.

- Finalmente, ¿cómo se van a entregar las regalías a las regiones?

Lo primero acordado con los gobernadores es que unas regalías que quedaron como excedentes del sistema al 31 de diciembre pasado, que son cuatro billones de pesos, puedan ser ejecutadas en 2015.

- Los cafeteros están pidiendo nuevamente el subsidio especial que tenían, ¿se les puede dar?

No veo condiciones para un subsidio como el que existió tipo PIC, por varias razones. Una, porque los precios internacionales hay que conjugarlos con una tasa de cambio mucho más competitiva, el dólar a dos mil 500 pesos, hace dos años estaba a mil 800. Hoy el precio de la carga está más o menos a 650 mil pesos, eso remunera al caficultor y le permite cubrir sus costos, de forma tal que desde la necesidad de generar esos subsidios los argumentos son ahora más débiles en comparación a cuando teníamos precios de carga a 400 mil pesos.

Además, con las nuevas realidades fiscales, el Gobierno no tiene margen de maniobra para otorgar subsidios. Sume a este análisis que la producción cafetera ha aumentado considerablemente, vamos camino de los 13 millones de sacos, distinto a cuando se producían ocho. Entonces el ingreso de una familia cafetera ha mejorado, porque produce más café y está siendo remunerado con un precio mejor.