Aunque el recién nombrado zar anticorrupción en Ibagué, Augusto Ocampo Camacho, lleva apenas 15 días en el cargo, asumió el 26 de enero la dirigencia de la nueva Oficina de Transparencia. Desde su llegada, se ha generado bastante polémica por las funciones que adelantaría y los sectores a los que dirigiría sus investigaciones para erradicar la corrupción en la Capital Musical, flagelo que ha denominado como el “cáncer” de la región.
En ese sentido, el abogado Ocampo Camacho, acompañado del alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, anunció ante la opinión pública los primeros resultados de las investigaciones adelantadas en la ciudad.
“Al conocer la creación de la Oficina y nuestra presencia en la ciudad, la Comisión de la Veeduría Urbana del barrio Piedrapintada, encabezada por el ingeniero Luis Fernando Díaz, advirtió de un proceso sobre una licencia de construcción que implicaría a la Curaduría y a una importante constructora”, señaló el nuevo funcionario.
El ingeniero Díaz precisó que la empresa Construservicios B y H, adelanta un proyecto de construcción de edificios para vivienda de interés prioritario con muchas irregularidades, sobre el lote ubicado en la calle 49 No. 5-20, aledaño a los tanques del Ibal, que es propiedad de los empresarios Henry Escobar Ceballos, José Ataníbal Sierra Ávila y Nelson Castro.
En primer lugar el Ingeniero señaló que la constructora habría incurrido en incongruencias con el área mínima para el desarrollo del proyecto llamado Tempus 49, dando cifras no acordes a la realidad, además de pasar planos viales maquillados para que no hubiera impedimentos en adelantar la edificación.
Díaz indicó que según lo certificado por la Secretaría de Planeación, el lote donde se hará el proyecto tiene un área de 9.229 metros cuadrados, pero que para solicitar el permiso ante la Curaduría Urbana número Dos se refieren a un área de diez mil metros cuadrados, que es el área mínima exigida por Ley para adelantar construcciones de este tipo: “Hay una diferencia de más de 700 metros cuadrados, es una irregularidad muy grandes y en el que se deben hallar los directamente responsables”, dijo.
Cabe recordar que la Curaduría Dos está en cabeza del ingeniero Greisman Cifuentes, quien también ha estado en el ojo del huracán por haber aprobado la totalidad de proyectos para los escenarios de los Juegos Nacionales.
La otra irregularidad que identificó el ingeniero Díaz fue que la constructora habría presentado planos de los proyectos viales de la ciudad maquillados, asegurando que ante la Curaduría se mostró que la proyección de la carrera Quinta no iría hasta la calle 51, por ende no tocaba el lote del proyecto y no tenía impedimento.
“Hay más de cinco planos donde se muestra la proyección de la carrera Quinta y parece que todos los ignoraron, es una situación muy grave”, agregó.
Por estos motivos, Ocampo Camacho consideró que en estas irregularidades se pudieron haber cometido los delitos de falsedad en documento y posible fraude, razón por la que solicitó a Jaramillo revocar la licencia de construcción. Además anunció que la situación ya se puso en conocimiento de las autoridades competentes.
Finalmente, Ocampo dijo que otro aspecto que lo lleva a pedir la revocatoria de la licencia es que con el proyecto se podrían afectar los tanques aledaños del Ibal y poner en riesgo la prestación del servicio de varios barrios de la ciudad.
“La solicitud al alcalde Jaramillo es que revoque el proceso debido a las irregularidades técnicas. Facilitaremos los datos de la investigación a autoridades para que determinen responsabilidades y determinadores de las irregularidades”, agregó Ocampo.
Otras investigaciones
Por otra parte, Augusto Ocampo, aseguró que gracias a las investigaciones sobre el proceso licitatorio LP0198 de 2018 de la Secretaría de Bienestar Social se pudo identificar un conflicto de intereses por parte de un contratista de esa dependencia de la Administración municipal.
Según Ocampo, el caso se trata de la compra de un lote para desarrollar el Centro de Desarrollo Infantil en El Tejar, el cual es propiedad del padre de Luis Felipe Aranzalez, quien se desempeña como abogado en Bienestar Social: “En este caso hay intereses contrapuestos. Ya hay una denuncia en la Fiscalía General de la Nación”.
La hija del Zar
Uno de los cuestionamientos que se hizo a Ocampo es que tendría impedimentos para investigar funcionarios de la Alcaldía pues su hija trabajaba allí.
Sobre eso, el funcionario señaló que su hija, que es bachiller, trabaja en la Secretaría de Hacienda pero que eso no es ningún impedimento para ejercer sus labores: “Si hay cuestionamientos, si hay reparos sobre el actuar de mi hija seré el primero en responder”.
Al respecto, Jaramillo aseguró que, “el está autorizado para investigar a todas las personas de la Administración que no estén haciendo de manera correcta su trabajo”.
Se ‘prenderá ventilador’ por contratación
Uno de los aspectos que más llamó la atención en la rueda de prensa de Ocampo, fue el anuncio sobre un testigo que, como se dice popularmente, ‘prendería el ventilador’ sobre temas de contratación y de corrupción en general en la Capital Musical.
“Una persona que me buscó y que trabajó con la Administración municipal, es con quien estamos mirando un principio de oportunidad, para prender el ventilador en temas de contratación y corrupción en Ibagué. En las investigaciones cualquiera puede estar involucrado, incluso si algún familiar o funcionario del Alcalde se ve involucrado, igual se procederá”, aseguró el Zar anticorrupción.
Sobre eso Jaramillo señaló que, “el abogado Ocampo tiene la absoluta libertad para hacer todas las investigaciones que sean necesarias. Además, he reunido a todo mi equipo de trabajo para solicitarles que entreguen toda la información cuando se requiera”, afirmó.
Entre tanto Ocampo anunció que solicitó a una emisora de Ibagué rectificar una información que asegura es falsa, en la que dicen que hay un falso testigo con el que el Zar busca abrir procesos judiciales contra los periodistas del colectivo ‘No al Predialazo’, por presuntamente haber recibido dinero de la Administración de Luis H. para no denunciar las irregularidades de los Juegos Nacionales.
“En ningún momento, al menos por ahora, el testigo, que contrario a lo publicitado en un medio local, ha vinculado nombres de periodistas o comunicadores de la región”, dio a conocer Ocampo.
Dato
Las denuncias por faltas disciplinarias, fiscales o penales se pueden presentar en el Pasaje Real, oficina 709, o llamando, o escribiendo al 3224058117.
Comentarios