Además, el documento se atiene a lo que venía siendo adelantado por el Presidente Iván Duque en las últimas semanas: estabilidad de las finanzas públicas; extensión de los programas sociales; reducción de los gastos del gobierno; y solidaridad de quienes más tienen.

El texto oficial de la reforma, sin embargo, solo se conocerá hasta este jueves en la tarde, pues el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, radicará la reforma a las 2 de la tarde en las secretarías de Cámara y Senado.

Impuesto sobre la renta

El proyecto, de acuerdo con el borrador revelado hasta ahora, prevé que las personas naturales comenzarán a pagar renta desde los 800 UVT, es decir desde los 2 millones 420 mil pesos. Además, indica que a partir de 2023 quienes ganen más de un millón seiscientos 94 mil pesos (560 UVT) tendrán que comenzar a pagar el impuesto.

En la reforma también se crea un “impuesto temporal y solidario a la riqueza”, que aplica para personas con patrimonios superiores a los 405 millones de pesos. Además, se crea el impuesto complementario de normalización tributaria que aplica a quienes “tengan activos omitidos o pasivos inexistentes”.

Junto a los anteriores impuestos comenzará a regir el “impuesto temporal y solidario a los ingresos altos”,  una medida que aplica para las personas que ganen más de 10 millones de pesos, sean de nómina, empleados públicos, contratación de servicios o pensionados.

IVA

El gobierno había anunciado que productos como el café, el chocolate y la sal iban a ser gravados. Sin embargo, desistió de su idea y la mayoría de la canasta familiar permanece exenta, productos como carnes, pescados, leche, vegetales y semillas.

Además, fueron excluidos productos como la copa menstrual, la venta de bienes inmuebles, los libros y revistas de carácter científico y cultural. Sin embargo, se impone el IVA a los servicios públicos (agua, alcantarillado y gas) de los estratos 4, 5 y 6. La norma aclara que solo la conexión a internet de estratos 1 y 2 estará exenta del impuesto.

Además,  la reforma indica que a partir del 1 de enero de 2022, los servicios postales y de mensajería estarán gravados a la tarifa del 19%.

El Gobierno Nacional continuará reglamentando el funcionamiento de los tres días de IVA donde estarán excluidos los bienes de vestuario, electrodomésticos, elementos deportivos, juguetes y útiles escolares.

Programas sociales del gobierno

El gobierno, a través de la reforma tributaria, decidió convertir el programa Ingreso Solidario, que buscaba ayudar a las familias en medio de la pandemia, de temporal a permanente. De ser aprobada la iniciativa los hogares con 1 persona en pobreza y pobreza extrema recibirían 80 mil pesos; los hogares con dos personas en pobreza extrema $ 122,034 pesos, y en pobreza $ 84,047; los hogares con tres personas en pobreza extrema $ 183,050 y en pobreza $ 126,071.

Por otro lado los hogares en pobreza extrema con 4 personas recibirían $ 244,067, mientras que los hogares en pobreza $ 168,095; los hogares con cinco miembros en pobreza extrema recibirían $ 305,084 y en pobreza $ 210,118; y por último, los hogares con 6 personas en condición de pobreza extrema recibirían $ 366,101 y en condición de pobreza $ 252,142.

Además para las familias más pobres de Colombia los servicios de energía eléctrica y gas combustible serán subsidiados. Según la norma usando las bases de datos del sisbén como parámetros de asignación, que “se podrán reconocer y entregar directamente al usuario en la forma que determine el Gobierno nacional”. Así le da la atribución al Gobierno para calcular el monto de los subsidios “tomando como referencia el consumo básico de subsistencia y reglamentará la forma de pago y su periodicidad, así como la operatividad del subsidio”.

Además, en este extenso aparte de la reforma el gobierno  crea la “promoción y acceso al empleo” en el que indica que quienes contraten personas con ciertas características “estarán exentos de realizar el pago de los aportes correspondientes a los sistemas de salud y pensiones y al pago de aportes parafiscales, y no estarán obligados a afiliarlos a las Cajas de Compensación Familiar”.

Las condiciones para acceder a este beneficio serán: contratar personas menores de 28 años que coticen por primera vez y que sean vinculados a la empresa por 5 años; que los beneficiarios no sean beneficiarios de pensión de vejez; que sean personas con discapacidad no inferior al 25% comprobada por el Ministerio de Salud; o mujeres mayores de 40 años que hayan estado desempleadas por más de un año.  La norma indica que para hacer parte de este beneficio el trabajador no debe recibir más de 3 salarios mínimos de remuneración.

Además la norma indica que los empleadores que, durante los cinco años siguientes a partir del 1 de enero de 2023, contraten aprendices del SENA solamente estarán obligados a efectuar, por estos trabajadores, la cotización al Sistema de Riesgos Laborales y estarán exentos de realizar el pago de los aportes correspondientes al sistema de salud.

La norma también contiene un incentivo para la creación de nuevos empleos en el que “hasta el agotamiento del número de cupos dispuestos para este beneficio, contraten nuevos trabajadores, anteriormente desempleados, que devenguen hasta tres (3) salarios mínimos mensuales legales vigentes, estarán exentos del pago del porcentaje de la cotización al Sistema General de Pensiones a su cargo y no tendrán la obligación de afiliar estos trabajadores a las Cajas de Compensación Familiar”.

El gobierno, además, decidió ampliar la vigencia del Programa al Empleo Formal PAEF, hasta el “mes de junio de 2021”; así mismo extiende el programa Generación E. Llama la atención que el presidente había prometido que los estratos 1, 2, y 3 tendrían acceso a la educación pública gratuita. Sin embargo, en la norma queda claro que el aporte “al pago parcial o total del valor de la matrícula” queda extendido solo a los estudiantes en condición de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad.

Estabilidad de las Finanzas públicas

Para estabilizar las finanzas públicas el Gobierno Nacional impone unos límites a los gastos estatales durante las vigencias 2022-2026 en donde aclara que el crecimiento en materia de gastos de personal y adquisición de bienes y servicios no puede superar la meta de inflación.

Además la norma le da facultades extraordinarias al presidente para expedir normas con fuerza de ley en caso de querer suprimir o fusionar dependencias de la rama ejecutiva; liquidar entidades públicas; realizar modificaciones presupuestales para financiar gastos de funcionamiento; o vincular entidades a la rama ejecutiva. En la norma también se incluyen normas para el funcionamiento del gasto fiscal.

Impuestos verdes y peajes

La norma crea el Fondo de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible -FONCLIMA que busca articular, focalizar y financiar la ejecución de planes, programas y proyectos, de índole nacional o territorial, orientados a la mitigación y adaptación al cambio climático, entre otros.

Junto a esta entidad se crea el impuesto nacional al carbono que busca gravar el consumo de gas y derivados del petróleo. Según el articulado los productores pagarán 34$ por metro cúbico de gas natural; $112 por galón de gas licuado; $159 por galón de gasolina; $170 por galón de kerosene; $174 por galón de jet fuel y $179 por galón de ACPM, entre otros.

La norma, además, crea el impuesto a los plásticos de un solo uso, que en términos de la norma sería de “0,00005 UVT por cada gramo del envase, embalaje o empaque”, es decir  de aproximadamente $16. En esa serie de impuestos verdes también se crea el impuesto a los plaguicidas que será del 8%.

El gobierno crea un impuesto para vehículos, que sustituye el impuesto de rodamiento, quedan excluidos en este impuesto: las bicicletas; los tractores; y la maquinaria industrial.

Por último, la norma permite a los alcaldes de ciudades capitales poner peajes, previa autorización del concejo, “como fuente de financiación para la infraestructura de movilidad, que contribuya a la sostenibilidad, mejoramiento y expansión de esta”.

Llama la atención que la norma dice que dicho impuesto deberá cobrarse “a todos los usuarios de las vías de la jurisdicción, únicamente con excepción de las bicicletas, máquinas extintoras de incendios de los Cuerpos de Bomberos Voluntarios, Cuerpo de Bomberos Oficiales, ambulancias pertenecientes a la Cruz Roja, Defensa Civil, Hospitales Oficiales, vehículos de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, vehículos oficiales del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC y de las demás instituciones que prestan funciones de Policía Judicial”.