Durante un día podría estar arrestado el Comandante de la Quinta División del Ejército, general Jorge Alberto Segura, al igual que pagar dos salarios mínimos, ya que en primera instancia se falló un desacato a una tutela, la cual ordena el reintegro de una mujer que habría sido retirada de su cargo en estado de gestación.

Diana Olivera, de 30 años, asegura haberse visto vulnerada, “yo trabajaba desde el 2012 hasta el 2014 y aunque yo les había comunicado mi estado de embarazo a mis superiores, ellos dijeron que este año no se iba a renovar el contrato, porque se había registrado cambio de comandante y el General había dispuesto la contratación de otras personas”.

La mujer informó que esa decisión afectaba su condición y a pesar de todo la determinación se mantuvo; pero, al sentirse perjudicada instauró una acción de tutela que el 12 de marzo en segunda instancia fue fallada por la Corte Suprema de Justicia, dándole el amparo y exigiendo su reintegro, el cual debería hacerse durante los tres días siguientes a la decisión.

Por escrito el Ejército le manifestó a Diana que no podía dar cumplimiento a su solicitud porque se trataba de un contrato por prestación de servicios. Pero la mujer asegura que en el proceso el Magistrado concluyó que en este caso había una relación laboral y por ende debía de continuar con su puesto sin importar el tipo de contratación que tenía.

Aunque el fallo de desacato en primera instancia fue a favor de la mujer, la decisión será analizada en la Corte Suprema, lo cual podría dar oportunidad a que se dé cumplimento al reintegro y se revoque el desacato.

A pesar de su estado de gestación, Diana fue hasta las instalaciones de la Quinta División el jueves para solicitar su reintegro, pero la visita fue infructuosa porque al parecer ellos insisten en hacer una vinculación que no se relaciona a la de la orden judicial.