Los hechos ocurrieron en Ibagué entre 2007 y 2009. Según se conoció, las placas de varios vehículos fueron duplicadas, pues existían otras que no fueron dadas de baja. Con la expedición de tarjetas operacionales, los condenados permitieron la circulación irregular de taxis en la ciudad, situación que afectó a los adquirentes de buena fe de los cupos ilegales y los legítimos propietarios que, en algunos casos, debieron reconstruir ante la entidad de Tránsito los historiales de sus vehículos para acreditar que operaban legalmente y que habían sido despojados de su capacidad transportadora.

El gerente Molina Sandoval deberá pagar nueve años y seis meses de prisión domiciliaria por los delitos de estafa agravada, en concurso homogéneo y sucesivo en cinco eventos; en concurso heterogéneo con falsedad material en documento público en calidad de determinador en cuatro eventos, y como autor del punible de obtención de documento público falso.

En el caso de Londoño Mejía, subgerente de la empresa, pagará 10 años también en prisión domiciliaria por las conductas punibles de estafa agravada en concurso homogéneo y sucesivo en cuatro eventos; en concurso heterogéneo con el punible de falsedad material en documento público en calidad de determinadora en cinco eventos, y a su vez autora del concurso homogéneo y sucesivo de tres conductas de obtención de documento público falso.

Los condenados fueron inhabilitados para el ejercicio de su actividad como comerciantes en lo que refiere a servicio público de transporte y por el mismo tiempo de la pena principal de cada uno.

El Juzgado remitió una copia de la sentencia para que la hoy Secretaría de Movilidad cancele los siete registros fraudulentos de los casos sancionados en el fallo.

Así actuaron

Se conoció en la lectura de fallo que los acusados contactaban a sus víctimas para ofrecerles los cupos, sin embargo, ninguno de los afectados se relacionó con los dueños legítimos de los cupos, no les entregaron documentación y no sabían de dónde provenían los mismos.

Los condenados, además, efectuaban transacciones comerciales para la venta de cupos o capacidades transportadoras ilegales con las cuales habilitaron el ingreso irregular de una serie de vehículos al parque automotor de Ibagué en perjuicio de sus confiados propietarios y terceros afectados con el despojo de sus cupos. Los dos condenados abusaron del ejercicio de la actividad comercial, respecto al servicio público de transporte individual de pasajeros. 

La pareja cometió las estafas agravadas a partir de maniobras con las cuales engañaron a sus víctimas, pues les ofrecieron unos cupos de taxi con los cuales podían legalizar su ingreso al parque automotor ibaguereño, sin contar con la legitimidad y disponibilidad jurídica. Asimismo, se aprovecharon de los dineros que cancelaron los afectados bajo la convicción errada de que el taxi lo afiliaban a Teletaxi, para el cual compraban el cupo, creyendo que era legítimo y podían circular de manera legal en la ciudad.