La audiencia 

La audiencia se retomó el día de ayer, tras declarar improcedente la recusación presentada por el Estado.  en el juicio que se surte en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra Colombia por el caso de la periodista Jineth Bedoya. La audiencia continuó con la comparecencia de algunos testigos.

Esta audiencia que se realizó de manera virtual, contó en primera medida con la presencia del periodista Jorge Cardona, exjefe de Bedoya en el momento de los hechos. Es decir, el 25 de mayo del año 2000.

En esta oportunidad Cardona se refirió a la denuncia que colocó apenas conoció el caso, en la cual dijo que sólo dio datos del secuestro, porque lo que sucedió durante este, no lo conocía y destacó que este caso “perdió importancia porque no hubo mayores manifestaciones del estado para que se le diera interés al tema y porque el interés de la opinión pública fue desapareciendo poco a poco, en simultánea con actos de violencia en el país”.

Cardona también destacó los riesgos para ejercer el periodismo en el momento de los hechos, donde destacó que la cárcel `Modelo´ era un centro de noticia “porque se estaba librando una guerra y esa fue la razón por la que masivamente, los periodistas estaban allá.

En esta audiencia también habló la fiscal María Ospina, adscrita a la dirección especializada contra los derechos humanos y quien trabaja con casos de violencia sexual, quien habló sobre los protocolos de atención a las víctimas, los protocolos de violencia sexual, y todo lo relacionado con esta normatividad desde el ente acusador.

En esta declaración se le cuestionó en repetidas ocasiones sobre cifras y documentos acerca de este flagelo en el país, elementos que dijo no tener en su poder.

Esta audiencia también abrió el espacio para escuchar a la perita experta Daniela Kravetz. La cual mediante una introducción dijo que el estado debe actuar con diligencia y facilitar “el acceso a recursos judiciales idóneos y efectivos, frente a diversas formas de violencia específicamente contra la mujer”

Añadió que el estado tiene la obligación de proteger a las mujeres de la violencia de género, y que por eso se deben realizar investigaciones serias cuando son denunciados estos hechos.

Resaltó que la violencia en este tipo de hechos es empleada “tanto por parte de actores estatales, como no estatales en contra de periodistas y defensoras, con distintos fines, incluyendo una forma de represalia o castigo en razón de su trabajo, como una forma de silenciar y deslegitimar su trabajo”.

Agregó que precisamente por esto, debe “operar desde el inicio una presunción de que los hechos pueden guardar relación con la labor de la persona y se deben tomar los riesgos diferenciales de la víctima”. Además, dijo que la investigación debe tener un contexto, se debe realizar sin prejuicios de género, y no debe buscar solamente a los autores materiales, sino intelectuales.

El día de hoy durante la continuación de la audiencia, Camilo Gómez, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, quien participó en representación de Colombia, reconoció ante los asistentes al juicio, la responsabilidad por las fallas del sistema judicial y le pidió perdón a la periodista por la revictimización a la que fue sometida durante el proceso. 

“A nombre del Estado colombiano, reconozco la responsabilidad internacional por las fallas del sistema judicial, que no realizó una investigación penal digna para la víctima, al recaudar 12 declaraciones y le pide perdón a Jineth Bedoya por estos hechos y por el daño que le causaron” indicó Gómez en la audiencia. 

Asimismo, afirmó que el Estado reconoce que estas actuaciones vulneraron los derechos de Bedoya y pide nuevamente perdón a la periodista y su madre por “el incumplimiento del deber de debida diligencia en la investigación de las amenazas en contra de Jinett Bedoya a partir del momento en el cual las conoció el Estado y por la falta de investigación del ataque recibido” por ellas dos en el año 1999. 

Finalmente Camilo Gómez, indicó que el Estado se compromete a evitar que estos hechos se repitan y que manifestó la disposición para implementar las medidas de reparación y resarcimiento  a las que haya lugar en el caso.