La llamada llave para la paz que ha solicitado el Gobierno Nacional ya es una realidad. La plenaria del Senado aprobó ayer la justicia transicional que podrá usar el Gobierno Nacional para adelantar un proceso de paz, con un grupo armado ilegal, cuando considere que estén dadas las condiciones para hacerlo.

El debate final de la reforma constitucional estuvo cargado de duros enfrentamientos entre senadores de la Unidad Nacional por el real alcance de la misma, en especial de sectores del conservatismo y La U que aseguraban que al votarlo se estaba promoviendo la impunidad.

Los senadores José Darío Salazar (conservador) y Juan Carlos Vélez (La U), fueron los que más cuestionamientos hicieron, mientras que el coordinador ponente Roy Barreras llamó en varios momentos del debate a los críticos "a que no le tengan miedo a la paz, téngale miedo a la guerra".

Salazar presentó una propuesta modificativa en la que planteaba eliminar la selectividad del delito que podrá hacer el Fiscal General, la diferenciación de delitos y los mecanismos extrajudiciales, porque en su concepto eran innecesarios para la reforma constitucional.

Su planteamiento fue derrotado por 53 votos, pero alcanzó el apoyo de 13 votos, entre ellos el del presidente el Senado, Juan Manuel Corzo, quien votó de manera negativa toda la reforma.

A su turno el senador Vélez Uribe tampoco tuvo apoyo de parte del Senado, al proponer que se contemple el delito del narcotráfico dentro de la reforma para que no sea tenido en cuenta como una de las eventuales formas de beneficiarse con la reforma. Su alternativa fue negada también.

Para el ponente Roy Barreras, "no existe la posibilidad que un narcotraficante pueda beneficiarse con la norma. El marco habla de delitos internacionales no comunes".
 
Las modificaciones

En el marco se incluyeron algunos cambios entre ellos el planteado por la senadora del Partido Verde, Gilma Jiménez, quien logró que se incluyera en el artículo que busca que al momento de suscribir un acuerdo de paz con algún grupo armado ilegal, se comprometían a devolver a los menores de edad que hayan vinculado de manera forzada.
     Pero sin duda el cambio más grande se dio en la reforma fue la inclusión de que los delitos de lesa humanidad y el genocidio no serán conexos con los delitos políticos.

La inclusión la presentó el senador de La U, Juan Lozano, quien aseguró que de esa manera se garantiza que no haya impunidad.

A su turno el ministro del Interior, Federico Renjifo Vélez reiteró que el texto aprobado garantiza la verdad, justicia y reparación, y que en él no habrá cabida a la impunidad.

"El Marco de Justicia Transicional no es un marco para la impunidad y quiero ratificarle a ustedes que así será. Hay que insistir en que es la mejor manera de reparar a las víctimas. No olvidemos que la mejor justicia debe ser la paz, pero también les recuerdo que este Acto Legislativo no es en sí mismo un proceso de paz", dijo.

Insistió en que la reforma "significa que la Nación está unida y que estamos cumpliendo con un deseo, que es el deseo de todas las personas que ustedes y el Gobierno Nacional representan".
 
Puntos clave
 
El Marco Legal para la Paz propende otorgar elementos legales para "la terminación del conflicto armado interno y el logro de la paz estable y duradera, con garantías de no repetición" y solo será activado por el Presidente de la República.

De la misma manera pretende que haya garantías de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación". Dice que por ley "se podrán establecer instrumentos de justicia transicional de carácter judicial o extrajudicial que permitan garantizar los deberes estatales de investigación y sanción, y se podrán crear mecanismos especiales de imputación".

Determina que cualquier proceso sólo se iniciará con la liberación de todos los secuestrados y los menores reclutados ilegalmente.

Establece que la justicia transicional no cobijará a los grupos que no hagan parte del conflicto o los que vuelvan a delinquir

Luego de las diferencias, los ponentes y el Gobierno acordaron mantener la figura de los agentes del Estado, pero siempre que hayan cometido faltas en el marco del conflicto interno armado.

Habrá, a través de una Ley estatutaria, un tratamiento diferenciado para los distintos grupos armados al margen de la ley que hayan sido parte en el conflicto armado interno y también para los agentes del Estado, en relación con su participación en el mismo.

De la misma manera, se determina que al final del conflicto armado se podrá crear una comisión de la verdad. Una Ley estatutaria definirá su objeto, composición y funciones. Se faculta al Fiscal General de la Nación que haga una priorización de los delitos para investigar delitos en contra de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario y los demás delitos, para los cuales podrá determinar la suspensión de la pena en casos específicos.