El demandante, Alfredo Castaño Martínez consideró que esta convocatoria es extraconstitucional, porque la reforma, “mal o bien”, fue aprobada por el Congreso en dos legislaturas consecutivas, como señala la Constitución. 

“Es una purga de un acto que es inconstitucional, por vicios de trámite y fondo, mediante otra ilegalidad, otra inconstitucionalidad”, señaló el jurista. 

A juicio de Castaño Martínez, el acuerdo entre el Gobierno y el Congreso para hundir la reforma es un “adefesio constitucional”; la salida adecuada sería un referendo para tumbarla.