La investigación fiscal de la Contraloría General de la República, que originó un traslado de documentos a la Fiscalía, se refiere a irregularidades en el manejo de las empresas de energía de Tolima y de Pereira, que podría constituir una conducta de lavado de activos.

Sandra Morelli, la contralora general, dijo que es necesario aclarar las verdaderas razones por las que se hicieron transferencias de recursos, anunciadas como pago de deudas, pese a que una operación de ese tipo no podía realizarse, porque las entidades se encontraban en período de sospecha (establecido por la Ley cuando una empresa se declara en quiebra).

Las operaciones se hicieron con acciones que tenían los polémicos empresarios Nule en estas compañías y de las cuales no se podía disponer. Para la contralora Morelli, esas situaciones podrían configurar lavado de activos, específicamente cuando el grupo de los hermanos Nule transfirió sus acciones a la firma Vergel y Castellanos.

Al explicar el tema, Morelli dijo a medios de comunicación que: “es un negocio que tiene varias fases en diferentes vicisitudes, por lo que es importante explicar nuestras actuaciones y dónde podría haber lavado de activos”. Sin embargo, la funcionaria le restó validez a versiones que involucrarían en ese apartado a Alberto Ríos Velilla, principal accionista de Enertolima y de Enerpereira: “No podemos afirmar que hay acciones que involucran al señor Ríos por esa transacción”.

Morelli explicó que la posible confusión se refiere a otros asuntos que sí contempla las actuaciones de Ríos: “Hace más o menos un año en Enerpereira hubo una denuncia de que recursos de tesorería se estaban repartiendo como utilidades, que se había sustraído de la caja algún dinero, más o menos 50.000 millones de pesos, para ser repartidos entre los accionistas, lo que incluye posiblemente al municipio y al señor Ríos”.

“La Contraloría examinó esa depuración, porque hubo una solicitud de control excepcional, esto es patrimonio departamental y por lo tanto la Contraloría no es competente, es así como nos llegó por control excepcional; revisamos la operación denunciada y vimos que allí se había reversado una operación y que precisamente el señor Ríos había restituido una cifra cercana a los 30.000 millones de pesos. Obviamente era una operación que no estaba bien hecha, pero desde el punto de vista fiscal, es decir para la Contraloría, luego se deshizo lo que se había hecho mal porque se devolvió la plata; en ese sentido el control excepcional había cumplido su objetivo”, anotó Morelli.

Sin embargo, ese trabajo de la Contraloría originó otra línea de investigación, la que hoy ha generado el proceso en la Fiscalía. Así lo explicó Morelli: “Con esa solicitud de control excepcional encontramos que allí había unas acciones de los señores Nule; sí es función del ente de control reintegrar al patrimonio público los bienes que se han desviado. También se halló que había unas ventas anticipadas de energía de Enertolina y encontramos que el 8 de septiembre, creo era de 2010, ya los Nule no eran accionistas y estas aparecían a nombre de Vergel y Castellanos, transacción que no había sido registrada y que desconocían los representantes del empresario Alberto Ríos, entonces lo que hicimos fue pedirle a la Superintendencia anular la transacción, porque se había realizado dentro del período de sospecha, es decir cuando estaba próxima la liquidación de sus empresas y podía entenderse como una operación para distraer sus activos”.

Son esas inconsistencias las que originan que se hable de un lavado de activos y por las cuales la contraloría hizo el traslado inmediato a la Fiscalía General de la Nación para que analice la posibilidad de abrir un proceso penal.

RECUERDE:
El accionista Alberto Ríos no está investigado por lavado de activos, confirmó la Contraloría General

DATO
El lavado de activos tiene que ver con hacer aparecer como legítimo lo que realmente no lo es, e invertirlo en actividades lícitas, sin que el origen de ese dinero sea lícito.