Los contratos vigentes de los operadores que recogen a diario seis mil toneladas de basura y las llevan al relleno Doña Juana se terminan el 16 de septiembre y se suponía que a estas alturas (luego de un año de prórroga y dos contratos adicionales a dedo) la administración iba a tener adjudicada una nueva licitación que acabara además con la libre competencia, pero ante la incapacidad de sacar dicho proceso adelante, se firmaron procesos contractuales hasta diciembre.

En entrevista concedida al diario El Tiempo la semana pasada, Petro aseguró que prorrogaría los contratos “si los operadores aceptan dos condiciones: bajar tarifas y vincular a los recicladores. Ellos tienen la palabra”.

Petro añadió que de no aceptar los operadores estas condiciones, el Distrito asumiría la prestación del servicio: “entramos a un modelo de aseo que va a tener conflictos, porque habrá demandas. Pero no vamos a dejar sin un servicio eficiente a la ciudad. Podemos prestarlo e incluso asociarnos por concurso con empresas privadas, pero esta vez bajo la rectoría del poder público”.

Sin embargo, las prórrogas, sin ningún tipo de reajuste tarifario, fueron suscritas la semana pasada por los cuatro operadores y se encontraban, al cierre de esta edición, en manos de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), que también debe firmarlas.

Este diario intentó comunicarse con la Uaesp para conocer más sobre el futuro de este negocio, cuya licitación asciende a $2.5 billones, y confirmar el cálculo de la tarifa, pero en la entidad se han negado a dar declaraciones.

La novela
La novela del aseo en Bogotá se remonta a 2003, año en el que el Distrito entregó en licitación el negocio de la recolección a estos cuatro privados. Hasta el momento la administración no ha podido sacar adelante un nuevo proceso público y ya la Contraloría Distrital ha dicho, en reiterados controles de advertencia, que no permitirá otra vez el uso innecesario de la herramienta de la urgencia manifiesta para contratar a dedo.

Esta inoperancia llevó a que en la ciudad se terminara imponiendo el modelo de la libre competencia para la prestación del servicio, debido a que se venció la autorización que dio la CRA para cuatro Áreas de Servicio Exclusivo (Ases). Hoy, la CRA estudia la verificación de motivos para continuar con las Ases, el primer paso para que se pueda surtir la licitación, pero mientras tanto cualquier empresa puede entrar a operar en las calles de la ciudad.

Pronunciamiento
Luego de las declaraciones de Petro, la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), entidad que regula la prestación del acueducto, el alcantarillado y el aseo en todo el país, se pronunció explicando que es ella la encargada de establecer las llamadas tarifas techo en una resolución que emite cada cinco años.

La CRA precisó que, teniendo en cuenta esa directriz, cada entidad territorial tiene la potestad de fijar sus precios finales, pero que, en todo caso, estos no pueden bajarse indiscriminadamente, pues se podrían poner en riesgo las finanzas del negocio y, por ende, la prestación del servicio.

En pocas palabras, ni el alcalde ni los privados pueden de buenas a primeras reducir las tarifas del aseo.