El magistrado ponente en este caso, José Luis Barceló, envió el martes una comisión al búnker de la Fiscalía General de la Nación en donde está detenido Sepúlveda de manera preventiva para tomarle su declaración.

Este proceso se originó en una denuncia radicada el pasado 26 de agosto por el presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas, Pablo Bustos, y que también cobija a la excongresista María Fernanda Cabal.

Dicha denuncia buscaba que la Corte investigara las declaraciones de Sepúlveda en el sentido de que Uribe conocía de todas las actividades de recolección de información que hacía para la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga y que al parecer se desarrollaron de manera ilegal.

En la denuncia, se solicitó que se ordene una inspección a la Fiscalía para trasladar el material probatorio que allí reposa sobre el caso de Sepúlveda y la supuesta violación de comunicaciones y presunta compra venta de información sobre el proceso de paz que se habría obtenido de manera ilegal.

“Se trata de recoger los señalamientos, grabaciones, intervenciones que dan cuenta de las diversas imputaciones hechas con relación al proceso de paz, campañas electorales, medios de comunicación, dirigentes políticos, entre otros, que han alcanzado los señalamientos de Sepúlveda”, señaló Bustos en su momento.