Vale recordar que a los empresarios les fueron embargados varios bienes en el año 2010, entre estos 15 gasolineras, de propiedad de Gerardo Alvarado. Estas quedaron a cargo de la Dirección de Estupefacientes (DNE) y pasaron a manos del empresario Castillo Lozada, gerente de Casa Motor, en calidad de depositario.

Los hechos

En el 2006 la familia Alvarado fue acusada de lavar dinero para las Farc, razón por la que la Dirección de Estupefacientes les embargó varios bienes en 2010.

Sin embargo, se reconocieron fallas en el proceso, por lo que la justicia dejó sin piso la extinción de dominio y la Fiscalía imputó cargos por irregularidades presentadas con la adjudicación de los bienes que administraba la DNE.

Así las cosas, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra ocho personas, entre ellas tres exfuncionarios de esta entidad: Luis Fernando Sáchica Méndez, Publio Orlando Melo Ortíz y Carlos Enrique Robledo Solano, quienes para la época se desempeñaban como Subdirector de Bienes, Coordinador de Bienes y Subdirector Jurídico, respectivamente.

Así mismo , el empresario Adolfo Castillo Lozada, quien según los abogados de los afectados, se apoderó de manera ilegal de las estaciones de servicio.

“En 2010 la familia Alvarado Rico fue víctima de un falso positivo en conjunto con otros empresarios, incautándosele todas sus estaciones de servicio y de manera extraña la empresa Casa Motor fue nombrada como depositaría de toda esa red de estaciones”, indicó Alejandro Carranza, abogado de uno de los empresarios afectados.

Delitos

Según explicó el abogado Carranza, Castillo Lozada trató de apoderarse de manera injustificada de toda la red de estaciones de servicio, razón por la que fue citado, junto a los exfuncionarios de la DNE en marzo de 2014, a audiencia pública por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, prevaricato por acción, prevaricato por omisión, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Estas imputaciones se derivan de los hechos acaecidos con la adjudicación de las sociedades Movilgas Ltda. y Estaciones de Servicio Alvarado y Cía., conformadas por 15 establecimientos de comercio, que al parecer se efectuaron omitiendo el proceso de invitación pública y sin cumplimiento de los requisitos que exige la ley. Además, según la imputación de la Fiscalía, las utilidades que producían estas sociedades no fueron reportadas a la DNE y se habría presentado un cambio de razón social de los adjudicatarios.

La contraparte

Entre tanto, la defensa del empresario Adolfo Castillo indicó que este es un proceso que lleva casi tres años y que una vez la Dirección de Estupefacientes les quitó los bienes mencionados, se los entregó a Adolfo Castillo y la sociedad Casa Motor, para que los administraran.

“La Fiscalía reversó las investigaciones contra los Alvarado y se hizo forzoso entregar las estaciones. Casa Motor no tenía velas en ese entierro”.

Por otra parte, dijo que la Fiscalía pidió medida de aseguramiento, la cual fue negada por el juez y, a su vez, apelada por los Alvarado, razón por la que ayer se realizó la audiencia para resolver esa apelación, a la cual no asistió Castillo Lozada y que le significó medida de aseguramiento.

Según la defensa de este último, la ausencia de Castillo a la audiencia citada por la Fiscalía, se debió a que por cuestiones laborales, no se encuentra en el país y comunicó que se presentará ante la justicia.

“Me sorprende que los Alvarado siendo víctimas de decisiones equivocadas de la Fiscalía, estén atentando contra la presunción de inocencia”, concluyó.