Contraloría propone ampliar la vigencia de la Ley de Víctimas

COLPRENSA - EL NUEVO DÍA
La Contraloría General de la República propuso este viernes debatir la ampliación de la vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, para que se aplique más allá del año 2021, dados los rezagos que, al cumplirse cuatro años de haberse puesto en marcha, se advierten en programas como la reparación a través de proyectos de vivienda e indemnizaciones en efectivo.

Situaciones como la casi duplicación del número de víctimas registradas, que cambian sustancialmente el plan financiero y de sostenibilidad de la ley inicialmente fijado, hacen que el ente de control proponga la ampliación. 

En cuanto al tema de reparación de viviendas, se pasó de $454.5 mil millones en 2011 a $580 mil millones en 2014. Con esos recursos se han realizado proyectos de vivienda que hasta la fecha no han sido terminados, y muchos de ellos han sido siniestrados, con lo cual, se podría afirmar que es uno de los componentes que mayor frustración ha generado, dice el último informe de auditoría de la CGR. 

A través de un comunicado, la Contraloría explicó que “de una meta contemplada de entrega de viviendas urbanas de 23.860, se ha entregado certificado de habitabilidad a 14.350 familias víctimas (60%). En vivienda rural el cumplimiento es mayor, por encima del 90 %”. 

Además, agregó, “estos resultados son bajos, si se tiene en cuenta que de 1.380.591 grupos familiares, el 47.4 % declaró en la Encuesta Nacional de Víctimas realizada por la CGR haber perdido su vivienda, es decir, 658.192 grupos familiares”. 

En el caso de la indemnización en efectivo, luego de haber tenido un crecimiento importante de recursos entre 2011 y 2012, de $569.9 mil millones a $956 mil millones, respectivamente, en los siguientes años hubo una disminución por este concepto de $300 mil millones, dejando un monto de recursos de $652 mil millones en 2013 y $621 mil millones en 2014. 

De acuerdo con la Contraloría, “hasta la terminación del primer gobierno del presidente Juan Manuel Santos fueron realizadas 420.841 indemnizaciones, de las cuales, 392.083 fueron por hechos victimizantes diferentes al desplazamiento y 28.758 por desplazamiento forzado, para un valor total de $2.6 billones en los cuatro años. 

Según esto, en el caso del desplazamiento, que es el de mayor peso en el conjunto de los hechos victimizantes, sólo se ha cubierto a un 2.1 % de los grupos familiares. Si se tiene en cuenta que el universo de la población desplazada es de 1.388.591 grupos familiares, según la Primera Encuesta Nacional de Víctimas de la CGR, el rezago luego de cuatro años de avance de la política es preocupante. 

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