Alcalde y concejales se arman para lanzarse al ruedo con la consulta popular

ARCHIVO - EL NUEVO DÍA
Hasta el 25 de febrero tienen plazo los concejales para aprobar o no la pregunta de la consulta popular sobre temas mineros, por lo tanto pedirán un nuevo concepto a la Procuraduría General de la Nación, luego de estudiar las posibilidades jurídicas a la hora dar un sí, ya que algunos dijeron estar seguros de contar con la potestad para hacerlo.

Se concluyó por parte de algunos cabildantes que el municipio basará su defensa para dar trámite a la consulta minera en la vigente ley 136 de 1994.

Lo anterior debido a los pronunciamientos de la Procuraduría sobre la presunta extralimitación administrativa y ante fallo de la Corte Constitucional de que es necesaria una concertación con las autoridades locales.

Según los concejales se tendrá en cuenta el articulo 33 de dicha legislación que reza: “Usos del suelo. Cuando el desarrollo de proyectos de naturaleza turística, minera o de otro tipo, amenace con crear un cambio significativo en el uso del suelo, que dé lugar a una transformación en las actividades tradicionales de un municipio, se deberá realizar una consulta popular de conformidad con la Ley. La responsabilidad de estas consultas estará a cargo del respectivo municipio”.

Y el mismo artículo aclara: “En todo caso, las decisiones sobre el uso del suelo deben ser aprobadas por el Concejo municipal”; de esta manera los cabildantes pretenden protegerse de las posibles sanciones provenientes de las Procuradurías Ambiental y Agraria, al igual que de la General de la Nación, al continuar con la consulta, toda vez que estas entidades han advertido realizar un acompañamiento preventivo.

La reunión

Desde las 6 de la mañana de ayer, se reunieron 14 de los 19 concejales con el alcalde, Guillermo Alfonso Jaramillo, el director de Cortolima, Jorge Enrique Cardoso, y un grupo de abogados para analizar el proceso. Los cabildantes que fueron invitados y no asistieron fueron Linda Esperanza Perdomo, Humberto Quintero, William Rosas, Jorge Bolívar, Luis Alberto Lozano, a pesar de que algunos dijeron, que esto no tenía que ver con su posición o apoyo a la iniciativa.

Durante la mesa de trabajo se expusieron las dudas e inquietudes de los cabildantes sobre sus competencias, además de sus temores por una posible inhabilidad del cargo, por tal razón dijeron que van a solicitar un nuevo pronunciamiento de la Procuraduría, donde se tenga en cuenta el planteamiento que emitió la Corte Constitucional.

El concejal Carlos Portela señaló, “la respuesta a que si somos competentes, es que sí en el tema de suelos, por eso para la excavación se necesita del suelo, por lo tanto le solicitamos al Alcalde que pidiera un nuevo pronunciamiento de la Procuraduría ya que podrían tener otro concepto ante lo dicho hace pocos días por la Corte”.

El procedimiento

Los cabildantes tendrán hasta el 25 de febrero para decidir si se aprueba o no, la pregunta presentada por Jaramillo, para desarrollar la consulta popular, la cual es: “¿Está usted de acuerdo sí o no que en el municipio de Ibagué se ejecuten proyectos y actividades mineras que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas o afectación de la vocación agropecuaria y turística del municipio?”.

“Luego que cada Concejal conceda su votación, y dado el caso que se apruebe, el trámite de control de legalidad y constitucional tendrá que surtirse ante el Tribunal Administrativo del Tolima, quien tendrá la obligación y el deber de definir si la consulta que se llegue a proponer cuenta con los requisitos de ley, para así ponerla a consideración de los ibaguereños”, explicó el concejal, Camilo Delgado.

A pesar de que algunos consideran que la pregunta está ‘direccionada’, el cabildante Harold Lopera dijo, “en este momento la pregunta está en un proceso de análisis por el Concejo, pero no considero que esté enrutada, ya que no se trata de prohibir la minería, sino claramente se habla de proteger el medio ambiente ante cualquier proyecto contaminante, y eso es diferente”.

Opiniones políticas

El senador Guillermo Santos Marín, consideró el pronunciamiento de la Corte Constitucional como un fallo histórico: “Nunca nos hemos opuesto a la explotación minera en términos legales, pero estamos absoluta y radicalmente opuestos a la explotación minera a cielo abierto, porque sabemos que es una terrible amenaza para estrellas hídricas y cuencas hidrográficas donde están ubicadas estas explotaciones, y hoy aún más, cuando el fenómeno de El Niño está en pleno apogeo, y nos muestra los estragos que han sido ocasionados por la mano del hombre”.

Por su parte, el representante a la Cámara, José Élver Hernández, expresó: “El tema no está claro, las Asambleas y Concejos no están facultados para hacer una consulta popular, y el Alcalde lo sabe, quizás es una forma de hacer ‘show’ y llamar la atención, porque sabe que no va para ningún lado, eso es una perdedera de tiempo, aunque ojalá se pudiera dar esa herramienta al pueblo, pero mientras eso no suceda se están haciendo son ‘shows’ inmediatos”.

El diputado Luis Fernando Lombo, afirmó, “valdría la pena que revisáramos y ojalá coincidiéramos con el proceso que adelanta la Alcaldía de Ibagué, para que los tolimenses hablemos un mismo lenguaje, y así nos pongan mayor atención, para que no se siga afectando el medio ambiente, dando licencias con una facilidad, no sé si de manera irresponsable, pero lo cierto es que hay afectación cada vez que se dan para explotar minerales de cualquier tipo”.

HERYK FARFÁN

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