La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes abrió investigación formal contra el expresidente de la Corte Suprema de Justicia Leonidas Bustos, quien fue salpicado por su presunta participación en el llamado ‘Cartel de la toga’.
La célula legislativa determinó que tiene las pruebas suficientes para llamar al exmagistrado Bustos a indagatoria por, presuntamente, recibir dinero a cambio de amañar los fallos que salían de la Corte Suprema de Justicia.
“En el caso que nos ocupa la comisión de investigación ha recolectado medios probatorios que señalan al exmagistrado José Leonidas Bustos sobre el posible autor del hecho punible que es objeto de investigación”, aseguró el representante investigador Edward Rodríguez y agregó que la célula legislativa ha practicado un sin número de pruebas “y hemos acogido las de los organismos judiciales competentes, lo que nos ha permitido tomar esta decisión”.
Por otro lado, Fabio Arroyave presidente de la comisión aseguró que la audiencia de indagatoria del exmagistrado se realizará el próximo 2 de noviembre y agregó que aún no dicen cuáles son los delitos que se le endilgan al procesado, pues esto hace parte de la reserva del proceso hasta el momento en que se notifique a Bustos.
Así mismo, informó que la célula legislativa insistirá en la comparecencia, el miércoles de la próxima semana, del abogado Luis Gustavo Moreno.
Según Arroyave, Bustos tendrá un proceso independiente al del ‘cartel de la toga’ pues se ordenó “la ruptura de la unidad procesal para que la investigación se adelante de manera independiente de la investigación que se adelanta contra el exmagistrado Francisco Javier Ricaurte”.
Bustos fue acusado por el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno de cobrar coimas por perfilar las decisiones que emitía la Corte Suprema de Justicia.
La Fiscalía General de la Nación ha dicho que Francisco Ricaurte y el también expresidente de la Corte Suprema de Justicia Leonidas Bustos tenían una “organización criminal”, que operó entre 2013 y 2017, para el direccionamiento de decisiones judiciales y manipulación de evidencia, al que integraron al abogado y luego Fiscal Anticorrupción Luis Gustavo Moreno (hoy detenido), y que funcionaba mediante reuniones en la casa de Ricaurte, en restaurantes y hoteles, lo mismo que en el país y en Miami, como sucedió a finales de 2014 en el hotel Marriot de esa ciudad.
De acuerdo con el ente acusador, la organización criminal utilizaba información privilegiada. “Manipulaban testigos para cambiar versiones, instrumentalizaban a los medios de comunicación para restar credibilidad a los testigos que mantenían sus versiones, desaparecían y alteraban evidencias y obtenían decisiones con apariencia de legalidad que favorecieran a sus clientes, con la intervención de los funcionarios del más alto nivel que tenían a su cargo el manejo de los procesos, a quienes les pagaban dinero”.
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