La vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, no se queda quieta. Ni siquiera lo hace porque esté afectada de la salud con el contagio del Coronavirus, así como tampoco lo hizo cuando recién arrancó en el cargo cuando se fracturó la pelvis.

Y no se queda quieta tampoco para hablar claro y directo como, por ejemplo, al referirse a lo que ha significado la oposición y el alcance de lo que ella considera parte de las mentiras con las cuales buscan criticar al gobierno del presidente Iván Duque.

Ramírez tampoco para en asumir tareas, la más reciente es liderar la elaboración y el trámite de un proyecto de ley que será clave para esta administración, un gran estatuto anticorrupción, en el cual se adoptan normas más estrictas para las empresas que promueven la contratación del Estado a punta de corrupción.

- ¿Qué diferencia tiene este proyecto con la consulta anticorrupción que votamos los colombianos hace dos años?

Aquí hay varias diferencias: primero de forma y segundo de fondo. En cuanto a las diferencias, acá está todo el Estado comprometido en sacar adelante esto como una ley, acá no caben protagonismos ni los manejos individuales de un tema tan delicado para el país, por eso el Presidente de la República ejerció un gran liderazgo con la Comisión Nacional de Moralización para que estuvieran 25 entidades.

- ¿Cuáles entidades públicas estuvieron detrás del proyecto?

La Presidencia, la Vicepresidencia, la Secretaría de Transparencia, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General, la Fiscalía General, la Defensoría, estuvo el presidente del Consejo de Estado, están las diferentes superintendencias, la Dian, la unidad para evitar el lavado de activos. Esto es una diferencia de forma muy importante, porque esto va a evitar que en el mañana estén poniendo zancadillas como ha sucedido en el pasado e incluso en el propio Estado.

- El proyecto tiene varios capítulos, uno de ellos es la protección a los testigos que denuncian los hechos de corrupción. ¿De qué trata?

Lo que se busca es darle total protección, no sólo sobre su persona sino sobre su puesto, hay gente que no denuncia por miedo a que tomen retaliaciones contra ellos, en esto hay una diferencia enorme con la consulta. La ley da esa garantía a la persona que denuncia, si es empleado público que no lo van a despedir, que no lo van a trasladar o terminar su contrato con pretextos que ya no lo necesitan, que es lo que se ha visto en el pasado. Muy importante es que cuando se presente la denuncia no se dará a conocer quién fue la persona que la presentó y sólo se dará en el desarrollo del proceso.

- ¿Cuál es el alcance que le dan al capítulo sobre la responsabilidad de las personas jurídicas?

Lo esencial en la lucha internacional contra la corrupción se basa en que las personas jurídicas tengan responsabilidad. Si bien es cierto que no se puede meter a la persona jurídica a la cárcel, también es cierto que tan pronto hay una medida de carácter penal, un proceso penal o hay un principio de oportunidad contra alguno de los funcionarios de esa persona jurídica que fueron los determinadores del hecho de corrupción, inmediatamente las superintendencias respectivas podrán iniciar las investigaciones para identificar al interior de la empresa quiénes más tenían conocimiento, qué tanto los órganos propietarios se estaban prestando para los hechos corruptos.

La ley también busca poner castigos a las personas jurídicas que consisten, por ejemplo, en multas de 200.000 salarios mínimos e incluso se les puede cancelar la personería jurídica de esa sociedad, se les prohíbe que puedan contratar con el Estado, porque esta es una manera de sanción muy efectiva. Hemos visto la desfachatez de algunas personas que han estado involucradas en hechos de corrupción y después pretenden seguir contratando con el Estado. También se prohíbe que reciban algún tipo de subsidio o de ayuda a esa persona jurídica, como por ejemplo el Paef, como se está haciendo hoy.

- ¿Estamos perdiendo la lucha para lograr la extinción de dominio a los corruptos, pues vuelven a tratar ese tema en la ley?

No es que el país esté perdiendo la lucha, lo que pasa es que buscamos mejorar el procedimiento para hacer la extinción. La Ley 1615 de 2013 ya prevé la extinción de dominio, pero desafortunadamente no siempre ha funcionado de forma eficaz. Aquí lo que se está haciendo es permitir que todos los bienes del patrimonio de las personas condenadas por corrupción tienen que ingresar a un fondo para la administración de esos bienes que lleva la Fiscalía, de tal manera que con los mismos se pueda resarcir a la sociedad por los perjuicios derivados de ese hecho de corrupción.

Lo que se hace es que realmente se agiliza el tomar medidas de precaución, que eviten que esa persona o esa sociedad disponga de esos bienes para evitar que con ellos se responda económicamente por el daño causado por el hecho de corrupción. Sabemos que no es suficiente la sanción penal.

- ¿Se meten ustedes también con los políticos, al pretender hacer más estricto el mecanismo de selección de los personeros?

El tema de la elección de personeros es importante, porque lo que necesitamos es la mayor transparencia en todo lo que tiene que ver con la nominación y elección de los cargos de elección popular y de estos que tienen una responsabilidad tan grande como los personeros, entonces lo que se establece que el concurso de méritos será mucho más estricto, se deben hacer no sólo pruebas de conocimiento sino también seguimiento a la trayectoria de la persona, y se hace una ponderación de valor a cada uno de esos elementos que se evalúan para encontrar el que tenga el mejor conocimiento. No es posible que lleguen a los cargos a aprender todo en el ejercicio del cargo.

- ¿No están presentando muy tarde, en términos de tiempo legislativo, el proyecto al Congreso a menos de dos meses de cerrar las sesiones?

Éste proyecto va con mensaje de urgencia. La verdad es que el proyecto ha tenido dificultades, en éste tema de la corrupción hay veces que se han tenido más protagonismo y vanidades que verdadera decisión de hacer las cosas, por eso la orden del presidente Duque fue tomar el toro por los cuernos y en las reuniones de la Comisión Nacional de Moralización, allí nos pidió que no podemos dejar que cada uno esté por su lado haciendo el mejor esfuerzo sino que debemos estar muy unidos.

Tengo la más absoluta certeza que el Congreso, ya lo hemos hablado con varios miembros de las bancadas, lo acoja de manera unánime y esperamos tener una ley a la que se le dará mensaje de urgencia.

- ¿Pero sí cree que tengan las mayorías y más con una oposición que está muy fuerte en el Congreso?

Estoy convencida que esta debe ser la prioridad de la sociedad colombiana y estoy convencida también que todos los congresistas lo acogerán, esto no puede tener color político, ellos saben que tenemos que quitarle el Estado de las manos a los corruptos, hay un montón de mafias que se han apropiado de los recursos públicos. Además, estamos abiertos a hacerle todas las mejoras. Sabemos que hoy por encima de cualquier diferencia política tiene que primar el servicio al país y no hay uno más importante que es la lucha a la corrupción.

- Usted ha sido oposición, pero hoy que está en el gobierno ¿cómo le ha ido con la oposición, ha sido muy irracional?

Totalmente, es una oposición que en algunos casos, en algunos actores que el país los tiene muy bien identificados, han hecho una oposición más de odio que una oposición de argumentos, más que una oposición de opciones y alternativas a cualquier tipo de política pública. Ha sido una oposición de odio, pendiente a lograr el fracaso del gobierno y esa es una manera realmente dañina de pretender tener un liderazgo, eso es un liderazgo perverso.

Yo si creo que todos los colombianos debemos apostar al éxito del presidente Iván Duque, porque el éxito del gobierno es el éxito de Colombia. Yo he sido una persona de oposición, pero siempre hice una oposición con argumentos, con lealtad, la lealtad es una condición del buen trabajo político. Los colombianos somos conscientes de quiénes son los que generan odios contra el gobierno.

Reactivación

- ¿Confía en que se pueda avanzar en la reactivación de la economía en el cierre del año y cómo la ve para el 2022?

El propio Ministro de Hacienda ha dicho que vamos a tener una caída en el PIB que puede estar entre un 5 % y 7 %, pero en el gobierno hemos estado trabajando desde mayo en reactivar la economía, le dimos prioridad a la infraestructura y la construcción de vivienda, porque son ampliamente jalonadores de empleo no calificado, los sectores sociales, los más vulnerables depende del empleo no calificado. Estamos viendo hoy que hay 485 proyectos muy robustos que van a significar inversiones por 161 billones de pesos y se van desarrollar en lo que queda del gobierno, muchos en el sector de la agricultura, la agroindustria, la manufactura, proyectos para las energías limpias.