Las opiniones al interior de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Ibagué (CCI)  están divididas por cuenta de la comunicación que la Secretaría de Transparencia de la Presidencia envió a la Procuraduría Regional para que investigue supuestas irregularidades del bono de $40 millones que el presidente Ejecutivo de la entidad, Brian Bazín Bulla, recibió en diciembre pasado. 

Aunque los miembros de la Junta ven con buenos ojos una posible intervención del Ministerio Público en este asunto, en el fondo vuelve a aflorar la división entre quienes apoyaron y rechazaron la decisión de otorgar el jugoso reconocimiento.

Ante la estampida de críticas que en su momento provocó la bonificación, tanto la Junta Directiva como el Presidente Ejecutivo de la entidad cameral explicaron que esa prima extra legal tenía que ver con la sobre ejecución del plan de acción y los resultados de gestión en favor de los empresarios, sobre todo en un año atípico marcado por la pandemia del Covid-19.

Las aclaraciones no bastaron para algunos sectores inconformes y solo el paso de los días logró cesar la polémica, pero  ahora revivió con la comunicación enviada al Ministerio Público, en la que se solicita “adelantar desde su despacho todas las diligencias necesarias en aras de esclarecer los supuestos hechos denunciados”.

¿Qué opinó la junta?

Al ser consultado, Jairo Arias, presidente de la Junta Directiva, dijo sentirse tranquilo ante la posible indagación de la Procuraduría, porque tiene la absoluta certeza de que el órgano que preside actuó en el marco de sus competencias sin cometer faltas de ningún tipo.

Arias remarcó que si bien la bonificación no quedó establecida en el contrato de Bulla, es normal que la Junta, como máximo órgano de dirección de la CCI, haya sometido a consideración de sus miembros conceder este reconocimiento con la asignación de recursos privados. 

“Esto no nos genera preocupación porque estamos actuando dentro de las competencias que tenemos como Junta. Bienvenida cualquier inquietud que se quiera realizar desde cualquier ente de control. Bajo ningún  punto de vista me parece negativo que la Procuraduría haga las consultas y la investigación que considere. En aras de la transparencia es bueno porque nosotros como Junta tenemos la absoluta certeza de que actuamos dentro del marco que nos determina la ley”, afirmó. 

En virtud del Código de Ética, varios de los miembros de la Junta consultados para esta nota dijeron que la única persona autorizada para pronunciarse es el Presidente, pero Tania Sierra, una de las integrantes de ese órgano, aseguró que opinaba abiertamente porque es un asunto de público conocimiento y, por lo tanto, no se configura una vulneración al Código.

La dirigente gremial también ve con buenos ojos la posible revisión de la Procuraduría, pero, a diferencia de Arias, dijo que está convencida de que se cometieron irregularidades al conceder la millonaria bonificación.  

“Enhorabuna los órganos de control entran a mirar los procedimientos que se dan al interior de la Cámara de Comercio. Bienvenido que haya investigaciones. Uno no tiene que regalar la plata de los empresarios porque se cumplan unas metas. No estoy de acuerdo con que se privilegien unas cuantas personas. Qué bueno que esos $40 millones se hubieran reinvertido en apoyos para algunos microempresarios”, indicó.

Para Sierra no fue ético entregar el reconocimiento en medio de la crisis y desestimó el cumplimiento del plan de acción, pues, según dijo, los ítem contemplados inicialmente fueron disminuidos en razón a la emergencia. “Qué bueno que los órganos de control revisen que el plan de acción se redujo a causa de la pandemia. No es lo mismo tener una meta de 100 ítem a que se la rebajen a 30”, señaló.

DATO

Por ser entidades privadas que prestan una función pública, las cámaras  también son sujetos de revisión. De hecho, sus presidentes también están obligados a publicar sus declaraciones de bienes y rentas, según la ley 2013 de 2019.