Esta decisión fue tomada luego de escuchar los argumentos del fiscal del caso, Juan Carlos Oliveros, quien dijo que este preacuerdo fue firmado el 12 de febrero de 2021 de manera consciente, libre y voluntaria por Lloreda, con el objetivo de reducir su condena a 20 años de prisión (240 meses) y una multa de 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para ejercer funciones públicas

Esto quiere decir, según el fiscal, que se pacta una “pena disminuida atendiendo las voces del homicidio simple de 228 meses de prisión, pena que resulta incrementada en 12 meses por la tortura agravada”.

Agregó que Lloreda tiene un compromiso de ofrecer verdad con las víctimas y por eso se comprometió a ofrecer un acto de perdón público con la sociedad.

Lloreda y el uniformado Harvy Damián Rodríguez Díaz se encuentran en investigación por los hechos ocurridos en la madrugada del 9 de septiembre con el estudiante de derecho Javier Ordóñez, quien fue golpeado severamente en el marco de un procedimiento policial luego de que departiera con unos amigos que resultaron siendo testigos de su muerte.

Ordóñez, estando en el piso, en más de una ocasión le fue accionada la taser contra su integridad, mientras él imploraba que dejaran de hacerlo. Luego de dicha acción, el hombre junto con su amigo, fueron trasladados al Centro de Atención Inmediata de Villa Luz, en la localidad de Engativá, donde, al parecer, le siguieron propinando golpes.

Fiscalía acusó al otro patrullero

La Fiscalía acusó formalmente al patrullero Rodríguez Díaz de los delitos de tortura y homicidio agravado, por su presunta responsabilidad en los hechos que suscitaron la muerte del ciudadano Javier Ordóñez, ocurrida el 10 de septiembre de 2020.

Así se dio en la audiencia adelantada ayer, la cual se desarrolló de manera virtual, donde el fiscal agregó que existen serios indicios sobre la presunta responsabilidad de Rodríguez en estos hechos, por lo que las audiencias preparatorias se desarrollarán el próximo 18 de mayo.