Estos contratos tienen que ver con educación y vivienda de interés social, los cuales delegó a nueve de sus secretarios de despacho de ese entonces.

De acuerdo con la Fiscalía, Barreto no le habría realizado el adecuado seguimiento a unas obras que fueron entregadas a un único contratista que presentó varios retrasos.

Además de esto, según informó El Espectador, este mismo contratista “habría favorecido económicamente a un aliado político y a la Corporación para la Promoción del Desarrollo Rural y Agroindustrial (Prohaciendo) por más de 230 millones”.

La defensa del exgobernador aseguró que sí hubo control y seguimiento, por lo que no tendría responsabilidad en estos hechos.

Barreto fue llamado a juicio el pasado 11 de mayo por los presuntos delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos.