Choque de ‘trenes’ por el Código Disciplinario

Crédito: Vanguardia / el nuevo díaSegún la Procuraduría, desde el año pasado que salió la decisión de la Corte IDH no han podido ser investigados 12 mil funcionarios públicos elegidos popularmente.
El proyecto de reforma al Código Disciplinario que se tramita en el Congreso de la República ha suscitado un enfrentamiento entre el Consejo de Estado y la Procuraduría General, pues difieren frente a la conveniencia de la iniciativa legislativa.
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Puntualmente, el Consejo de Estado y el Ministerio Público chocan por el artículo del proyecto de reforma que le otorga funciones jurisdiccionales a la Procuraduría General para sancionar a funcionarios públicos, incluidos los elegidos por voto popular.

 

Suplantación de funciones

En concepto enviado al Congreso de la República, la sala plena del Consejo de Estado mostró su preocupación por las súper facultades que estaría adquiriendo la Procuraduría General con este proyecto de reforma al Código Disciplinario y que incluso estaría suplantando funciones del propio Consejo de Estado.

Para el máximo tribunal de lo contencioso administrativo, las funciones jurisdiccionales entregadas a la Procuraduría insertan al Ministerio Público en la rama judicial y desconocen el principio de la división de poderes entre la jurisdicción judicial y la función de los entes de control, como la Procuraduría.

 

“No desconoce al Consejo de Estado”

Al conocer el concepto negativo del Consejo de Estado, la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, respondió a la Sala Plena del Consejo de Estado las objeciones presentadas al proyecto de Reforma al Código Disciplinario, y aseguró que la iniciativa está encaminada principalmente a hacer frente a dos hechos que, aún hoy, tienen en vilo la institucionalidad del órgano de control: el primero, la sentencia de 8 de julio de 2020 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, en el caso de Gustavo Petro contra Colombia; el segundo, la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019.

En carta enviada a la presidenta del Consejo de Estado, Marta Nubia Velásquez, la procuradura Cabello enfatizó en que el proyecto de ley no busca sustituir ni desconocer la función del Consejo de Estado frente a las decisiones sancionatorias que emite la Procuraduría General de la Nación. 

“Desde la exposición de motivos, se planteó expresamente que el control que ejerce la jurisdicción de lo contencioso administrativo sobre las decisiones de la Procuraduría General de la Nación, aún en uso de atribuciones jurisdiccionales, no podía desaparecer, hecho que se corrobora desde el artículo 1 del proyecto”, señala la misiva.

Aclaró que la atribución de función jurisdiccional a la competencia disciplinaria que se desarrolla desde la entidad no tiene la pretensión de insertar a la Procuraduría General en la Rama Judicial ni desconocer el principio de división de poderes, e insistió en que la atribución de función jurisdiccional a órganos o entidades que no están en la rama judicial no los convierte en jueces.  Este es el caso de las superintendencias, función esta que, en múltiples ocasiones ha sido analizada y avalada por la Corte Constitucional.

 

Semana definitiva

En sesión conjunta, las plenarias de Senado y Cámara intentarán definir el futuro del proyecto de reforma del Código Disciplinario, antes de que se clausure el periodo de sesiones ordinarias, el próximo domingo 20 de junio.

Aunque la Procuraduría y el Gobierno confían en tener las mayorías necesarias para la aprobación de la iniciativa legislativa, desde la oposición anunciaron que llevarán el caso ante la Cidh, por considerar que este proyecto de Ley no acata lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por el contrario le entrega súper poderes al Ministerio Público para perseguir a los mandatarios regionales y a la propia oposición.

El Consejo de Estado y la Procuraduría General chocan por el alcance del proyecto de reforma del Código Disciplinario que se tramita en el Congreso.

Credito
OSCAR IVÁN REY

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