Profesor insiste en que es víctima de persecución racial en la UT

Crédito: Archivo/EL NUEVO DÍA
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Como prueba de un supuesto acoso por razones étnicas y políticas, el profesor Andrés Velásquez sostiene que le han abierto procesos disciplinarios sin sustento. Sin embargo, la UT aseguró que no ha actuado con discriminación y le ha respetado todos sus derechos.
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Una vez más, el profesor Andrés Felipe Velásquez, exdecano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Tolima, aseguró que el rector Ómar Mejía y las directivas de la institución emprendieron desde hace varios años una persecución sistemática en su contra por motivos políticos, ideológicos y de raza.

Según el profesor, lejos de ser un espacio de respeto por la diferencia, la administración de la UT ha convertido la Oficina de Control Interno en un instrumento de persecución y, en su caso, buscan entorpecer su trabajo académico con procesos disciplinarios que, a su juicio, carecen de asidero y vulneran sus derechos.

Uno de esos procesos tiene que ver con los convenios interadministrativos que la universidad suscribió con la Gobernación para otorgar becas de maestría a 300 docentes de instituciones educativas oficiales del Departamento. 

En su momento, se denunció que faltaba sustento jurídico y académico a dos diplomados que fueron cursados por los docentes beneficiarios, que les sirvió para homologar dos de los cuatro que tiene el plan de estudios de la Maestría en Educación. 

Velásquez, quien fungió como decano de la facultad que ejecutó el convenio, fue señalado de no tener competencia para la homologación y fue sancionado con una suspensión e inhabilidad de diez meses, decisión que apeló. Además, solicitó que el rector Mejía se declarara impedido para conocer el proceso en segunda instancia, sin embargo, fue negada. 

“El doctor Mejía es el jefe del actual Secretario General de la universidad, quien, siendo director de la Oficina de Control Interno, me suspendió. Por eso debe declararse impedido. En todo caso, dicen que me extralimité en mis funciones con la homologación, pero existe una grabación y actas que demuestran que el Consejo Académico conoció esa situación, que, además, por competencia universitaria se viene haciendo desde 2010”, afirmó. 

Por considerar que se están vulnerando sus derechos, el profesor solicitó a la Procuraduría que asumiera, por poder preferente, la competencia para llevar el caso. Sin embargo, sostuvo que como la entidad no se pronunció, interpuso una acción de tutela ante el Juzgado Primero Civil del Circuito, que decretó una medida cautelar para que el rector se abstenga de adelantar cualquier actuación dentro del proceso disciplinario, hasta tanto resuelva de fondo sus  reclamos.

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REDACCIÓN POLÍTICA

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