Las organizaciones sin ánimo de lucro Ilex Acción Jurídica Race & Equality y Codhes presentaron el informe ‘Afectaciones a personas afrodescendientes en el marco del paro nacional en Colombia’ y en este le solicitaron al Gobierno Nacional que tome las medidas necesarias con las entidades correspondientes para castigar la violencia policial en contra de las personas afrodescendientes.

Toda esta situación se desarrolló en medio del marco del paro nacional de este 2021 que inició el pasado abril y que aún no termina.

El informe arrojó que el Gobierno tomó la decisión de militarizar territorios donde hubo uso de la fuerza desproporcionada en contra de estas personas, esto en ciudades como Cali.

Estas organizaciones le solicitaron al Gobierno hacer una reforma policial que atienda y respete los derechos humanos y las demandas sociales, también consideran que debe ser incluido el traslado de la institución como cuerpo de control civil armado al Ministerio del Interior y adoptar una guía procesal que permita evaluar sus actuaciones, tanto internas como externas y hasta dónde pueden llegar con el uso de la fuerza.

“La represión continuó, la persecución a lideresas y líderes. Tenemos ahora con mayor certeza de que hubo un ejercicio de inteligencia por parte de la Policía, del Ejército, de las autoridades militares, que está generando arrestos en diferentes zonas del país. Pero es muy complejo diferenciar quiénes pertenecen a la población afrodescendiente porque el sistema estatal no hace esa diferenciación”, señala Charo Mina Rojas, coordinadora nacional del Cabildeo del Proceso de Comunidades Negras, PCN.

Además, las organizaciones solicitaron la recolección, almacenamiento y análisis de datos demográficos desagregados por raza, etnia, sexo, género, de todas las detenciones, comparendos, registros y arrestos que permitan la actualización de las bases de datos en la consulta de procesos, también la implementación de una plataforma que determine si una persona se encuentra bajo custodia policial.

El texto también resaltó que el Gobierno no toma las recomendaciones que le fueron realizadas por entidades internacionales respecto a la protección de personas indígenas y afrodescendientes y evitar la discriminación por estas entidades públicas. La posición de Gobierno fue considerada negacionista y desconoció las recomendaciones dadas a pesar de las investigaciones y cifras presentadas.

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