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El valor fue concertado por la administración y los empresarios del transporte, en un encuentro que contó con la mediación de integrantes del Concejo de la ciudad, que, abiertamente tienen intereses en ese sector, y aunque parece encontrarse justificado en la variación al precio del ACPM, no parece compensar la calidad y condiciones del servicio que se presta.
Si 2.700 pesos parecía un valor exagerado, 2.900 lo es aún más hablando de una flota en regulares condiciones, frecuencias que no se cumplen, ni se controlan y algunos conductores cuyo trato a los usuarios no es el más apropiado.
Ni qué decir del valor diferencial aprobado para domingos y feriados cuando hay menos vehículos disponibles y en algunas rutas se prestan los recorridos al antojo de los transportadores, hasta la hora que les parece adecuado, por no decir hasta cuando su voluntad se los permite.
La coincidencia entre el anuncio de los doscientos pesitos más y la audiencia de rendición de cuentas de la administración municipal, contrasta con que no se haya hecho una sola mención a la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público, que, aunque tiene Gerente y una abultada burocracia; en este gobierno, la única decisión trascendental que ha producido ha sido la liquidación bilateral del polémico convenio con Infotic, que le significó al entonces alcalde Andrés Hurtado un paro de varios días con graves impactos económicos.
Tal vez esa sea la razón por la que en el noticiero infantil a través del cual se contaron las ejecutorias del primer año de la administración Aranda, no hubo espacio para un Aquileito Medina.
Y es que la implementación del SETP sobre el cual ya ni siquiera existe certeza de su eficiencia, dado el fracaso que ha significado el modelo en otras regiones del país, ha corrido peor suerte que muchas de las obras que por décadas han servido para saquear el presupuesto público.
Han pasado cinco administraciones desde que se hicieron los primeros anuncios de un Compes y se publicaron los renders fantasiosos sobre como se verían estaciones y paraderos. De eso hoy nada existe.
En 20 años, el mayor avance ha sido unificar el color de los vehículos a su tono naranja.
Quizá sea muy temprano para perder la fe en que en la administración de Johana Aranda este proyecto pueda desempantanarse, pero aludiendo al dicho popular “Entre más vacas, menos leche”, en 365 días de su gerencia, lo único de lo que hay evidencia es de una por demás continua contratación de profesionales, favorecidos con prórrogas a final de año y objetos contractuales muy parecidos que benefician a ingenieros civiles, ambientales, contadores y abogados.
Apenas hasta este mes de diciembre se alojaron en el portal público de contratación Secop, las invitaciones a presentar ofertas para cuatro procesos de singular relevancia.
El primero por 39.115 millones de pesos para recuperación de la malla vial desde la calle 10 hasta la calle 58, al igual que la instalación de paraderos Tipo 1 incluido el mejoramiento de andenes, obra para la que se presupuestaron otros 9.118 millones de pesos.
Como es natural para estos actos contractuales se vinculan además sus respectivas interventorías, para el primero de los casos por 2.179 millones y para el segundo por 1.119 millones de pesos.
De manera complementaria, en la misma plataforma oficial se observa la apertura del proceso para contratación de una consultoría técnica para realizar la actualización y revisión del diseño operacional del Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué, con un presupuesto de 1.143 millones de pesos y plazo de ejecución de 150 días.
A pesar de que el 17 de diciembre también se contrató la prestación de servicios de un profesional para la actualización del estudio técnico para el rediseño organizacional del Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué, adjudicado por cuatro millones de pesos y menos de 15 días de ejecución
Como si fuera poco, del presupuesto propio de la empresa industrial y comercial del Estado SETP Ibagué, también se prevé invertir 188 millones más para la interventoría técnica, administrativa, legal, financiera, social y de seguridad y salud en el trabajo para la actualización y revisión del diseño operacional del sistema estratégico de transporte público.
Es decir que sólo en estudios de actualización, (lo que sugiere que ya se pagó por unos estudios iniciales) se invertirán dos mil millones de pesos más para un proyecto que contradice los conceptos de evolución y avance tan mentados por la mandataria local.
Técnicamente todas estas intervenciones deben ser entregadas en el 2025, un año que además estará marcado por la agenda política en el inicio de la campaña a las legislativas del 2026.
De ahí que no sean infundadas las preocupaciones de quienes ven en el SETP un fortín clientelista para aceitar las aspiraciones de ciertos candidatos sobre cuyo presupuesto merece prestar toda la atención.
Mientras eso pasa, ‘Juan Pueblo’ seguirá sometido a las demoras en sus desplazamientos, la guerra del centavo, los apretones y la incomodidad, en un sistema de transporte que además de costoso, comparado con el SITP de Bogotá, lejos está de los criterios de modernidad y calidad que reclaman los ciudadanos para una ciudad capital.
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