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En columna de octubre 13/2020 (Protección de líderes ambientales en Acuerdo de Escazú) citaba diferentes fuentes que confirmaban que Colombia es uno de los países que registra preocupantes hechos de violencia contra líderes políticos, sociales, comunales y ambientales. Citaba la ONG británica Global Witness que advertía: “Colombia fue el país donde más asesinaron defensores ambientales en el año 2019″. Por lo mismo, reiteraba la importancia del Acuerdo de Escazú, tramitado en Costa Rica en marzo 4/ 2018. El artículo 9 señala: “Cada Parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad”.
Sobre su trámite inicial en el Congreso escribí una columna titulada “¿Por qué el Congreso no aprobó Acuerdo de Escazú?” (julio 13/2021) en la que citaba fuentes que señalaban la oposición al proyecto de ley por parte de congresistas de derecha que pidieron su archivo. Lo anterior, a pesar de las protestas desarrolladas por ambientalistas que solicitaron al Congreso ratificar el Acuerdo de Escazú. Ellos reiteraron sus denuncias sobre las numerosas “muertes de líderes y lideresas ambientales asesinados en el país desde el 2019″.
Afortunadamente, la situación y los gobiernos han cambiado y la semana pasada se informó (El Espectador, agosto 28/2024): “La Corte Constitucional... aprobó por unanimidad el Acuerdo de Escazú, el cual busca la participación pública y el acceso a la información y a la justicia respecto a asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. En otras palabras, el alto tribunal, declaró constitucional ese Acuerdo... Además, declaró exequible la Ley 2273 de noviembre 5/ 2022, con la cual el Congreso de la República adoptó ese tratado”.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible celebró “la reciente decisión de la Honorable Corte Constitucional que avala la Ley 2273 de 2022, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como el Acuerdo de Escazú. Este fallo representa un hito fundamental en la historia ambiental de Colombia y refuerza el compromiso del país con la protección de los derechos ambientales y la defensa de quienes protegen la naturaleza”.
Esperemos que esta ley lleve a reducir las amenazas sobre los líderes ambientales y además permita que la ciudadanía tenga un mayor acceso a la información relacionada; es cierto que existe en el país mucha desinformación sobre estos temas. Así mismo, es importante mejorar la participación pública y el acceso a la justicia pues -como ya se ha señalado- el deterioro ambiental afecta derechos humanos en el mundo.
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