Los imposibles acuerdos de paz con los reincidentes

Rafael Nieto Loaiza

No hay la menor duda de que a los reincidentes, que negociaron y firmaron con Santos y después decidieron seguir matando, no se les aplican los mecanismos de la justicia transicional. La Constitución sostiene que la justicia transicional “estará sujeta al cumplimiento de condiciones tales como la dejación de las armas” y que “en ningún caso se podrán aplicar instrumentos de justicia transicional […] a cualquier miembro de un grupo armado que una vez desmovilizado siga delinquiendo”.
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En la modificación del 2018 a la ley de Orden Público se agrega que “para acceder a cualquier tipo de incentivos y/o beneficios políticos, legales y socioeconómicos contemplados en dichos acuerdos se deberá exigir, como mínimo, el desarme, la desmovilización, la colaboración con la justicia, y la demostración de la voluntad real de reincorporación a la vida civil”, condiciones que, por definición, los reincidentes no cumplen. Es decir, el reincidente no solo no puede acceder a la justicia transicional sino que pierde todos los beneficios, penales y de cualquier otra naturaleza, que haya recibido.

En cualquier caso, los mecanismos típicos de las conversaciones de “paz” con un grupo armado organizado no son aplicables a los reincidentes. De ninguna manera puede pactarse, por ejemplo, un cese del fuego. Y no pueden suspenderse las operaciones militares y policiales contra estos reincidentes. Como mucho y forzando la definición que hay en la ley, cabría un diálogo para su sometimiento, como se haría con las llamadas “estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto”.

Sin embargo, Petro y Patiño están asumiendo las conversaciones con los reincidentes como las de cualquier otro proceso de paz. En el comunicado conjunto del 24 de junio, dicen que entran en “el primer ciclo de diálogos y negociaciones con el cual pretendemos desarrollar los temas específicos de la Agenda de Diálogos de Paz” y que “las Partes reafirman su compromiso con la búsqueda de un acuerdo de paz para Colombia”. Ni una palabra sobre sometimiento a la justicia y desmantelamiento de la estructura criminal. Los de Caracas son unos diálogos sin que haya una reforma constitucional que permita pasar de conversar con los reincidentes para someterlos a la justicia a tener con ellos unas negociaciones de paz. El gobierno está haciendo unos diálogos de paz sin tener marco jurídico para ello. Prevarica. La pregunta, pertinente por los antecedentes, es si lo hace solo por simpatía ideológica con Márquez y su banda o si pretende usar esas negociaciones en el propósito de impulsar una constituyente y quedarse en el poder.

 

Rafael Nieto Loaiza

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