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Petro está asustado porque el Consejo Nacional Electoral está próximo a decidir si la suya violó los topes de financiación de las campañas electorales.
“No acepto que a través de un documento de una sala de consulta del consejo de estado que no tiene fuerza vinculante, el Consejo electoral me haya despojado del fuero integral constitucional que me protege”, trinó textualmente.
Varias mentiras. La función del CNE se limita a determinar si la campaña de Petro violó los topes de campaña. No fue un concepto de la Sala de Consulta el que ratificó su competencia “para investigar y tomar una decisión de fondo sobre los hechos que constituyan una violación de los topes de la campaña”, sino una sentencia la Sección Quinta. Fue muy clara en sostener que el CNE ni va a suspender ni va a juzgar a Petro y en que “la pérdida del cargo frente al Presidente de la República debe ser conocida y tramitada por el Congreso”. El fuero constitucional está a salvo.
El CNE tendrá que informar de su decisión a la Comisión de Acusaciones de la Cámara porque, por un lado, a ella le corresponde conocer sobre las denuncias penales contra Petro, en este caso por violar los topes, y, por el otro, debe estudiar si se hay pruebas suficientes para iniciar un juicio político por violar el artículo 109 de la carta que establece que “la violación de los topes máximos de financiación de las campañas, debidamente comprobada, será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo”.
La decisión del CNE destruye la poca legitimidad de origen del gobierno de Petro. Probaría que ganó con trampa y violando la ley. Además, restringe sustantivamente el margen de maniobra de los parlamentarios afectos en la Comisión. Será imposible que desconozcan los hechos probados por el CNE sin prevaricar. Después de la decisión del CNE, es probable que la Comisión deba, por fin, dar lugar al juicio político contra Petro.
Sin embargo, lo preocupante no son tanto las mentiras como sus afirmaciones de que “no acepta” que el CNE cumpla sus funciones y que el juicio político contra él sería un golpe de estado. La aplicación de la Constitución jamás será un golpe. Más grave aún es su mensaje de que este “será asunto que decida de nuevo el pueblo colombiano, en las calles” y de que “esta no será una votación parlamentaria. Esto será una lucha popular”. Petro está anunciando que no va a acatar el resultado del juicio político que adelantaría el Congreso contra él. La insinuación de una ruptura constitucional futura por parte de Petro, de un autogolpe, es evidente. Peligrosísimo.
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