Un escenario aún más incierto para Hidroituango abrió ayer el fallo de la Contraloría General que confirmó la responsabilidad fiscal, por $4,3 billones, de 26 funcionarios y contratistas como consecuencia del daño al patrimonio del Estado tras la emergencia de 2018.

Esta decisión era esperada por todos los que tienen que ver con el megaproyecto porque, cuando quede en firme, el proceso se va a cobro coactivo y todos los implicados saldrán en el boletín de responsables fiscales, lo que significa que para seguir contratando con empresas del Estado, como lo es EPM, los implicados tendrían que pagar los $4,3 billones.

Aunque contra esta determinación no procede recurso alguno, el auto de la Contraloría no quedará en firme hasta que supere el respectivo control automático de legalidad ante el Consejo de Estado. Esto, según expertos consultados, permite que la prórroga, que horas antes se había acordado entre EPM y el consorcio CCC Ituango, pueda ejecutarse hasta los primeros meses de 2022, cuando se espera el aval del alto tribunal.

Este es un mero trámite porque el Consejo de Estado, según su jurisprudencia, considera que dicho control de legalidad vulnera el derecho al debido proceso de los responsables fiscales, por lo que hace rato inaplica esa disposición normativa. En ese entendido, dicho control pasa, en la práctica, a un juez contencioso administrativo.

Ese será otro frente en este expediente, porque algunos implicados tomarán el camino judicial, con una tutela o una acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Lo que alegarán en ese escenario es la vulneración del debido proceso, en cuanto a la observancia del derecho de defensa: a ser oído, a intervenir en el proceso y a controvertir pruebas, pues consideran que la Contraloría no permitió contestación alguna durante las dos instancias.

La acción de nulidad y restablecimiento del derecho es un mecanismo al que se acude para que un juez anule la decisión de una autoridad administrativa. Es un proceso largo, de al menos cinco años en sus dos instancias, que comienza en el tribunal y termina en el Consejo de Estado. Con la presentación de la demanda los implicados tienen la potestad de pedir la suspensión provisional de los efectos del auto, es decir, del fallo de la Contraloría.

Este artículo es de nuestro periódico impreso.

¡Hagamos región y apoyemos lo nuestro!

https://digital.elnuevodia.com.co/library

También lo puede adquirir en físico.