Nadie sabe a ciencia cierta qué va a pasar con Hidroituango. El fallo en segunda instancia de la Contraloría en contra del consorcio CCCI (conformado por Camargo Correa, Coninsa Ramón H y Conconcreto) y otras 23 personas jurídicas y naturales tiene la obra en una incertidumbre que solo puede ser comparable con la de abril de 2018, cuando empezó la emergencia por el derrumbamiento de un túnel que desviaba el río Cauca. 

Ahora los abogados de todas las partes buscan una salida y la salvación podría estar en un tutela interpuesta hace 15 días.

Y es que aunque el alcalde Daniel Quintero y EPM han asegurado que los contratistas deben seguir cumpliendo con las obras y las obligaciones adquiridas (responsabilidad a la que no se ha negado nunca el consorcio, pese a que los han tratado de corruptos y los han querido hacer a un lado), el problema sería jurídico a partir del primero de enero.

Hay que tener en cuenta que CCCI y EPM están ante un panorama difícil, pues en el momento en que el Consejo de Estado regrese el fallo a la Contraloría, este quedará en firme y los constructores, por ley, tienen que entregar la obra o cesionarla, en ese momento la parálisis sería total. 

Lo mismo sucederá con otros proyectos públicos que tienen Conconcreto o Coninsa Ramón H, como tramos del sistema de Transmilenio y la Ruta del Sol.

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