En un trámite de inspección realizado por el Ministerio público y expertos de informática forense, grafología e investigadores, se busca determinar posibles irregularidades en la entidad.

“Estamos apenas en una etapa inicial verificando información y qué incidencia tendrían los funcionarios públicos, estamos incluso en contacto y en coordinación con la Fiscalía, la Contraloría y la misma SAE, para de ahí empezar a tomar determinaciones para pensar si es necesario abrir mayores investigaciones”, dijo la procuradora, Margarita Cabello.

En la inspección, el ente de control evidenció que no había certeza del número ni del estado de los bienes que actualmente son administrados por la Sociedad de Activos Especiales.

Así mismo, no hay claridad sobre la vulnerabilidad y las inconsistencias en el sistema usado por la SAE para el control del inventario de los bienes, ni de los criterios para la distribución que realiza el sistema a los particulares que se encargan de la administración de los bienes, generando una concentración de los más rentables, sin tener auditoría alguna.

Igualmente, se evidenciaron decenas de incumplimientos e inconvenientes en los compromisos suscritos con los particulares encargados de la administración de dichos bienes, ya que no existe un sistema de control y vigilancia de los contratos y se identificaron arrendamientos que pueden estar por debajo de la estimación mínima fijada por la misma SAE.

Hace una semana, el fiscal General Francisco Barbosa anunció la conformación de un equipo de la Fiscalía para la búsqueda de bienes perdidos.

Como un primer aporte la entidad entregó un informe que detalla las propiedades ocupadas con fines de extinción de dominio desde que el fiscal  Barbosa asumió el cargo. Se trata de 19.587 bienes, cuyo avalúo supera los 25.7 billones de pesos.