La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, emitió ayer la resolución de conclusiones en contra de 12 exmiembros del Batallón La Popa del Ejército Nacional, y reconoció que sí aportaron a la verdad y aceptaron su responsabilidad en los crímenes de ‘falsos positivos’ que les fueron imputados.

En este sentido, la Sala pidió que se les impongan sanciones con un componente restaurador y reparador al mayor retirado Guillermo Gutiérrez Riveros, el teniente coronel retirado Heber Hernán Gómez, el sargento primero retirado Efraín Andrade Perea, el sargento primero retirado Manuel Valentín Padilla y el teniente retirado Carlos Andrés Lora Cabrales.

Además del subteniente retirado Eduart Gustavo Álvarez, el sargento viceprimero retirado José de Jesús Rueda Quintero, el subteniente retirado Elkin Leonardo Burgos, el cabo tercero retirado Elkin Rojas, y los soldados profesionales Juan Carlos Soto Sepúlveda, Yeris Andrés Gómez y Alex José Mercado.  

En el proceso de valoración de los aportes de verdad y reconocimientos de responsabilidad de los máximos responsables imputados, la Sala destaca cómo las contribuciones de los comparecientes permitieron determinar que algunos miembros del Batallón La Popa conformaron una organización criminal que, sirviéndose de la estructura legal de la unidad militar, desarrolló un plan criminal en virtud del cual se cometieron asesinatos y desapariciones forzadas que fueron presentadas falsamente como bajas en combate.

El universo de la JEP en este caso es de 135 asesinatos y desapariciones forzadas ocurridas en 77 eventos entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005.  

Finalmente, la magistratura advirtió que en el caso de los coroneles (r) Publio Hernán Mejía Gutiérrez y Juan Carlos Figueroa Suárez, quienes decidieron no reconocer su responsabilidad, la Sala ordenó informar a la Unidad de Investigación y Acusación sobre los nuevos casos documentados, para que dicha unidad, en el marco del procedimiento adversarial que está realizando, adopte las decisiones que correspondan.

¿Cuál sería la sanción?

El siguiente paso en este proceso es la imposición de las sanciones propias por parte del Tribunal para la Paz. Este deberá evaluar cuáles serán las sanciones que impondrá.

En este sentido la Sala de Reconocimiento aprobó los proyectos restaurativos-reparadores presentados por los comparecientes: La primera iniciativa es una propuesta colectiva denominada «Dignificación del buen nombre de las víctimas y comunidades indígenas Wiwa y Kankuama, la segunda es la adecuación de un espacio museológico para la construcción de memoria, la tercera  es una propuesta individual para realizar acciones de reforestación y de recuperación de cuencas hídricas, y la cuarta propuesta es la participación y contribución en escenarios ancestrales de memoria y armonización que estimen pertinentes las autoridades espirituales de los pueblos indígenas.

A la audiencia pública celebrada el 18 y 19 de julio de 2022 en Valledupar, concurrieron víctimas acreditadas dentro del Caso 03 junto con sus representantes legales.