Tras varios intentos fallidos, el pasado 15 de diciembre se reunieron el presidente Gustavo Petro y el fiscal Francisco Barbosa, para discutir el decreto que permite la libertad de jóvenes que participaron en protestas, para ser gestores de paz, entre otros temas.

En entrevista con Colprensa, el fiscal Barbosa reiteró su posición de que son los jueces quienes tienen la última palabra, y afirmó que por el momento se siente tranquilo frente al tema.

Por otro lado, el fiscal pide mayor articulación de la Policía y el Ejército con la Fiscalía, para hacer efectivas órdenes de captura en el país, ya que se presentan inconvenientes en la materia, especialmente en Cartagena, donde hay 104 órdenes de captura sin ejecutar.

Además, Barbosa dice que la entidad dará respuestas muy rápidas al país sobre lo que está ocurriendo en la UNP, revela que en los próximos dos meses habrá nuevas decisiones judiciales por el escándalo de Centros Poblados y anota que en el último año que le queda al frente de la entidad, tiene como reto dejar la Fiscalía lista para poder realizar el sometimiento a la justicia.

También habló de su  gestión que se termina el próximo 13 de febrero de 2024. “Créanme que estoy muy contento en mi cargo, estoy muy feliz, y a pesar de las dificultades que uno encuentra en el ejercicio del cargo, muchas veces son más las satisfacciones que las insatisfacciones”, señala.

Preguntas y respuestas

Colprensa: Luego de la reunión que sostuvo con el presidente Gustavo Petro, sobre la libertad de personas detenidas para ser gestores de paz, ¿aún le quedan reparos sobre esta iniciativa?

Francisco Barbosa: “en esta reunión el presidente Gustavo Petro me explicó lo que él quiere hacer y yo le dije que la única observación que tenía era que toda decisión que se tomara fuera definida por los jueces, y un segundo término en el cual estuvimos de acuerdo, es que no habrá condenados, ni hay condenados por delitos graves que no tienen nada que ver con la protesta social.

Ya sobre el decreto en particular, no es de mi competencia entrar a verificar el contenido o a decir jurídicamente si está bien o mal, creo que es una decisión del Ejecutivo, hay que respetarla, goza de una presunción de legalidad, pero al final del día son los jueces quienes deben tomar las decisiones, y mantengo, por lo menos en este momento, mi tranquilidad frente al tema. Entonces creo que más allá de ponerle freno a unas iniciativas, lo que hay es que ayudar a reconducirlas en Colombia, este país ya no aguanta más peleas, no aguanta más discusiones, no aguanta más enfrentamientos, ejerzo mis competencias, manifiesto mis preocupaciones, no hay cheques en blanco para que se haga lo que se quiera en el país, pero yo creo que también podemos colaborar en la idea que se tiene por parte del Gobierno nacional”.

C.: ¿Continuarán las investigaciones aunque los procesados queden libres?

F.B.: “La Fiscalía no suspenderá el avance de ninguna actuación penal en Colombia y los fiscales actúan conforme a los elementos de prueba recaudados en esos procesos.

Entonces, nosotros seguimos avanzando en las actuaciones y quiero dejar claro que en Colombia durante los últimos años, y durante mi administración, a nadie se le ha afectado la libertad de forma arbitraria, aquí los fiscales actúan con elementos materiales probatorios y los jueces de la República son quienes validan o no esos elementos materiales probatorios, entonces lo cierto es que en Colombia existe una rama judicial del poder público autónoma, independiente y que ha actuado con responsabilidad en el país”.

C.: Usted dijo que apoya la paz y el proceso de sometimiento, pero con condiciones. ¿A qué se refiere? ¿Cuáles son esas condiciones?

F.B.: “Las condiciones no son un capricho mío, las condiciones son lo relativo a que debe haber respeto a los estándares jurídicos internacionales en materia de protección de derechos humanos, verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición y procedencia de amnistías o indultos para crímenes de guerra y lesa humanidad, eso se aplica de igual modo bien a la justicia transicional, que se busca aplicar al Eln, o bien a los procesos de sometimiento a las organizaciones delictivas que define el Gobierno. Además, es necesario que para el proceso del Eln se lea con atención lo que se logró con la Jurisdicción Especial para la Paz en el proceso de las Farc, porque no puede haber nada que vaya más allá de eso que se logró. Si hay algo que es más allá de lo que se logró, pues obviamente estaría afectado por los limitantes que se establecieron en la negociación con las Farc, que son los estándares que acabo de mencionar. También es necesario que se lea la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, porque no podemos repetir la mala experiencia que se dio en el segundo Gobierno de Álvaro Uribe con la ley sobre el paramilitarismo”.

C.: ¿Las disidencias de las Farc deben entrar a un proceso de sometimiento o a un proceso de paz como el del Eln?

F.B.: “Esa es una decisión que toma el Gobierno nacional. Si usted me pregunta a mí, estoy de acuerdo con lo que plantea Humberto de La Calle. Aquellos que hicieron parte del proceso de paz e incumplieron, el único camino que les queda es someterse a la justicia, no tiene sentido que haya personas que hicieron un proceso de paz que están cumpliendo unas condiciones que son difíciles en el marco de la Jurisdicción Especial de Paz, y al mismo tiempo aparezcan otras personas que no cumplieron y pretendan tener mayores beneficios que aquellos que están cumpliendo. Creo que el mensaje no sería bueno. En ese sentido, aquellas disidencias de las Farc que nunca se sometieron al proceso de paz, podrían buscarse caminos de justicia transicional como los que se están estableciendo con el Eln, pero creo que es una decisión que le compete al alto comisionado para la Paz y, en últimas, al presidente de la República”.

C.: Recientemente se conoció una declaración del conductor de la UNP capturado en Cauca, en donde él dice que fue quien transportó el día de su fuga a alias ‘Matamba’ y que funcionarios de la Policía lo escoltaron. ¿Qué información manejan ustedes al respecto?

F.B.: “En primer lugar, nosotros vamos a dar respuestas al país muy rápido de lo que está ocurriendo en la UNP, esto no lo vamos a tolerar. Esto no es un asunto que simple y llanamente se queda en chismes de que alguien utilizó una camioneta o no utilizó una camioneta. Nosotros ya tenemos en este momento líneas investigativas. Para el caso ‘Matamba’, tenemos tres líneas de investigación: dos por parte de la fiscal delegada para la seguridad territorial, una por la fuga propiamente dicha, y otra por el favorecimiento de funcionarios del Inpec en la misma fuga, y una tercera por un fiscal de la dirección especializada contra las organizaciones criminales. Ésta última ha arrojado, hasta el momento, la posible vinculación de personas que habían ayudado a ‘Matamba’ a salir de la cárcel hasta el Magdalena Medio. Lo importante ahora es que toda esta información va a integrarse en estas líneas de investigación y, al mismo tiempo, ya se está evaluando en cabeza de la vicefiscal todo el proceso que vamos a hacer de esclarecimiento de hechos frente a la UNP. Creo que vamos a tener resultados pronto”.

C.: ¿Cómo avanzan las investigaciones por el asesinato de líderes sociales, que desde la llegada de Gustavo Petro a la presidencia no han bajado y se siguen dando en el país?

F.B.: “Los Gobiernos tienen que tener políticas de prevención. La Fiscalía lo que hace es recoger evidencias y, por supuesto, investigar hechos constitutivos de delito. Para este momento nosotros tenemos que el esclarecimiento de los casos de homicidio de defensores de derechos ha pasado del 52 % al 72 % en tres años, con el 70 % de los autores o de los determinadores de esas conductas. Lo que genera la violencia en contra de los líderes sociales son circunstancias que no se han resuelto en el país, es decir, el narcotráfico y la minería ilegal, que lo que hace es multiplicar la violencia rural”.

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