La ‘Paz Total’, uno de los proyectos bandera del presidente Gustavo Petro, no pasa por el mejor momento, en medio de críticas desde diferentes sectores de la sociedad colombiana a los últimos anuncios que buscan suspender órdenes de captura a guerrilleros.

El alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, señaló que el Gobierno ofrecerá excarcelaciones temporales a altos mandos guerrilleros, que suspenderá las órdenes de captura de disidentes como alias ‘Jhon Mechas’ y que se iniciará conversaciones con la Segunda Marquetalia.

A estos anuncios, en medio de la segunda ronda de conversaciones con el ELN, se suman otros que no han logrado tener un impacto positivo, como el cese al fuego con las bandas criminales, el cual no se estaría cumpliendo en su totalidad, según la Defensoría del Pueblo.

Fundamentos

El proyecto de ‘Paz Total’, que está fundamentado en la aprobación de la prórroga a finales de 2022 de la Ley 418 de 1997, de orden público, fue promulgado con la intención de propiciar la reconciliación del país, restablecer el Estado de derecho y garantizar la paz en el territorio.

De acuerdo con Gabriel Casadiego, abogado y experto en Derecho Público, la actualización de esta ley le permite al Estado negociar con grupos armados y adelantar negociaciones con estos, asumiendo su estatus político. Además de diferenciar a estas organizaciones de grupos criminales de alto impacto a quienes aplicaría la ley de sometimiento a la justicia.

Existe una amplia discusión sobre el carácter político del ELN y la Segunda Marquetalia. Algunos argumentan que otorgar este estatus puede ser beneficioso en la búsqueda por la integración de la sociedad, fomentando su desmovilización; mientras otros advierten que esta medida podría enviar un mensaje equivocado de impunidad y debilidad del Estado, estimulando las acciones violentas por parte de otros grupos armados.

Falta de una política de seguridad y defensa

La falta de una política de seguridad y defensa es una de las razones por las cuales el tema de la paz no acaba de encajar en Colombia. El narcotráfico, la criminalidad y el terrorismo es manejado de diferente forma por cada Gobierno y al final, no termina dando grandes resultados.

En este aspecto, el Gobierno de Gustavo Petro ha centrado su propuesta en una política de despenalización del consumo y mayor inversión en programas de prevención y tratamiento de la adicción, así como combatir el narcotráfico de manera más efectiva y coordinada con otros países.

Luis Fernando Trejos, doctor en Estudios Americanos y profesor e investigador de la Universidad del Norte, dijo que “hasta el momento no existe una política pública de seguridad y defensa nacional que sirva para persuadir a aquellas organizaciones criminales que no se vinculen a la ‘Paz Total’ o que desistan durante el proceso”.

Trejos señaló que tampoco se conoce la política pública antidrogas. De acuerdo con el investigador, la política de paz, la política de seguridad y defensa, y la política antidrogas, deberían ir de la mano y funcionar como una triada.

Anuncios y agresiones

Aunque uno de los ejes centrales de la propuesta es involucrar a la población civil durante el proceso, en las últimas semanas, el Alto Comisionado para la Paz ha realizado anuncios que parecen no estar sostenidos bajo una campaña pedagógica más amplia y dirigida a la población.

Según Trejos, a pesar de que la ‘Paz Total’ es “una de las políticas centrales del gobierno, ha faltado mucha planeación. Pareciera que todavía no hay una estrategia práctica que se siga para alcanzar los objetivos propuestos”.

Según el experto, esto podría llevar a un “desgaste político” y una pronta “pérdida de entusiasmo al interior de la sociedad colombiana”.

Uno de los primeros anuncios por el Gobierno fue que estaba siendo evaluada la posibilidad de iniciar diálogos con la Segunda Marquetalia.

De acuerdo con el abogado Casadiego, las disidencias se dividen en dos grupos; los que traicionaron el Acuerdo de Paz y los que nunca se sometieron. Añade que hay quienes aseguran que los primeros no tienen estatus político, porque perdieron la oportunidad de adquirirlo y que los segundos tampoco, ya que traicionaron los acuerdos.

Por otro lado, representantes del Gobierno afirman que esta medida sería parte de un plan para atraer a estas disidencias a la legalidad y así reducir la violencia en las zonas donde operan.

El ministro del Interior, Alfonso Prada, sostuvo que hace parte de la política de Gobierno, otorgar “un reconocimiento de origen político a los movimientos rebeldes” y que “los colombianos bien sabemos cuáles tuvieron origen político y cuáles son organizaciones criminales de alto impacto que se mueven en la economía legal”.

Desaciertos en la comunicación

Hasta el momento, la comunicación sobre los avances en los diálogos con el ELN ha estado a cargo del Alto Comisionado para la Paz. 

Sin embargo, en días pasados, el funcionario fue cuestionado por una periodista por su falta de atención a los medios de comunicación.

Además, se desconoce cómo avanzan las negociaciones con el ELN y tampoco es clara la agenda que se adelanta entre ambas delegaciones reunidas en Ciudad de México.

Sobre este punto, el investigador Luis Fernando Trejos señaló: “Pareciera que el tema del mal manejo de la comunicación y la ausencia de una pedagogía de la ‘Paz Total’ también ha venido desgastando a la política misma, generando pérdida de apoyos”.

Suspensión de órdenes de captura

Según el Alto Comisionado para la Paz, el Gobierno contempla la posibilidad de otorgar un permiso especial de excarcelación por un periodo de 10 días a mandos altos de las disidencias. 

Sin embargo, no se ha aclarado cuál sería el procedimiento para solicitar este permiso, el cual, en principio, debería ser solicitado por el Fiscal General de la Nación.

Para el Gobierno, es fundamental la liberación de estas personas, con el fin de permitirles dialogar con sus tropas y persuadirlas para que se sumen a la política de paz. A esta figura se le ha denominado ‘facilitador de paz’.

Según lo informado, entre los posibles liberados se encuentra alias ‘Jhon Mechas’, acusado de atentar contra la vida del expresidente Iván Duque y responsable del atentado al CAI en Bogotá, que dejó como resultado a dos niños muertos.

De acuerdo con Casasdiego, existen serios “cuestionamientos políticos en cuanto a lo que ha representado para el Estado la captura de algunos de ellos y los antecedentes que tenemos con la fuga, por ejemplo, de Iván Márquez y Jesús Santrich”.

Frente a este tema, un informe presentado por la ONG International Crisis Group señaló que, “si bien es loable en muchos sentidos este nuevo enfoque, también es arriesgado; podría fortalecer a los grupos armados, a menos que también aborde las formas de violencia que utilizan para aprovecharse de las comunidades vulnerables, como el reclutamiento de niños, la violencia sexual y las restricciones de movimiento”.

Aunque la voluntad del Gobierno por conseguir la ‘Paz Total’ sigue firme, según el balance que entregó este lunes la Defensoría del Pueblo, las agresiones por parte de grupos armados no cesan. 

En lo corrido de 2023, 15 uniformados han sido asesinados por grupos armados y 14 civiles fueron víctimas de masacres.

“En los primeros dos meses del año se han presentado 23 masacres, 14 de las cuales se han cometido en zonas rurales y 9 en zonas urbanas. Las víctimas mortales de las masacres ascienden a 73, de los cuales 14 eran mujeres y 6 menores de edad”, detalló la Defensoría del Pueblo.

A esto se suma el secuestro del sargento del Ejército Nacional, Libey Danilo Bravo, en Nariño, cuya liberación fue solicitada con carácter de urgencia por el mismo Presidente. Aunque el ELN expresó su intención de liberarlo, hasta el momento esto no ha ocurrido.

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