Según documentos filtrados a la Flip por el colectivo Guacamaya y el proyecto Forbidden Stories, el Estado está utilizando “y planea adquirir herramientas tecnológicas, con potencial uso de vigilancia masiva, en contra de periodistas, medios de comunicación y prácticamente cualquier persona con presencia digital en el país”.

Así, la fuerza pública está usando tecnologías y “software espías de manera indiscriminada para recolectar información del espacio público virtual”, a pesar de la alerta que ya se lanzó hace tres años después de que se supiera que el Ejército espió y usó información de más de un centenar de personas, incluidos periodistas.

Esto se ha materializado con espionajes concretos como el ejecutado contra la periodista María Alejandra Villamizar, que en marzo de 2019 entrevistó al comandante del Eln, Pablo Beltrán, y el Ejército aseguró que la espiaba “para, supuestamente, obtener información relacionada con la fuente de la reportera”.

El Ejército, según la información publicada ahora por la Flip, piensa en el espacio cívico digital como “un escenario de operaciones militares y no como un lugar para que la ciudadanía ejerza sus derechos”.

“Además, se definieron los lineamientos para desarrollar la inteligencia de fuentes abiertas, que a su vez viola y vulnera los derechos humanos a la privacidad, intimidad, y a la libertad de expresión y opinión de quienes interactúan en estos medios”, explicó la organización de libertad de prensa.

La vigilancia a fuentes abiertas de información se ha concentrado en medios de comunicación y en redes sociales, con el Estado contratando una empresa para “analizar, monitorear y hacer inteligencia permanente a ciertos medios de comunicación nacionales, regionales e internacionales”.

Entre esos están los principales medios colombianos -Caracol, La W, RCN, El Tiempo y El Espectador, entre otros- pero también internacionales como CNN, The New York Times y Le Monde.

La Flip considera que el Ejército no tiene en cuenta cómo afecta el uso de estas tecnologías los derechos humanos y que, a pesar de decisiones judiciales, la fuerza pública ha seguido vigilando, espiando y recolectando datos “sensibles” mediante el perfilamiento y el ciberpatrullaje.

Por ello, “las acciones de la fuerza pública y el Estado afectan la libertad de expresión y la privacidad”, dice la Flip, mientras las autoridades siguen minimizando la dimensión de estas prácticas.

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